Desde que la Corte Suprema confirmó la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua el 15 de junio de 2025, la modalidad de detención de Cristina Kirchner ha estado bajo estricta vigilancia. Sin embargo, para los fiscales Luciani y Mola, los episodios recientes en la calle San José ponen en duda la seguridad y el sentido del beneficio otorgado.

Las condiciones de la domiciliaria bajo la lupa

El dictamen presentado ante los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso destaca que el beneficio del arresto domiciliario (otorgado el 17 de junio de 2025) no es un cheque en blanco, sino que exige el cumplimiento de pautas estrictas:

Tranquilidad del Vecindario: La obligación de no alterar la convivencia pacífica. Según la fiscalía, las concentraciones masivas bloquean la circulación y afectan el orden normal del barrio de Constitución.

Seguridad Personal: Los fiscales se preguntan si la seguridad de la propia condenada está garantizada en medio de estas movilizaciones, o si ella misma está fomentando situaciones de riesgo.

Control de Ingresos: Recordaron que ya hubo una advertencia el 19 de noviembre de 2025, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin la debida autorización del tribunal.

El factor de las "Redes Sociales"

Uno de los puntos más fuertes del planteo fiscal es la desmentida de la "espontaneidad" de los militantes. Luciani y Mola aportaron capturas de pantalla y registros de redes sociales donde agrupaciones políticas convocaban activamente a concentrarse frente a la vivienda.

"No se trató de ciudadanos que motu proprio se autoconvocaron. Hubo una organización previa que entra en contradicción con el núcleo de las resoluciones del Tribunal", sostiene el escrito.

¿Qué puede pasar con la condena?

Cristina Kirchner cumple una pena por administración fraudulenta que incluye el decomiso de 685.000 millones de pesos. Si el TOF 2 hace lugar al pedido de la fiscalía:

Intimación Formal: Se le notificará que cualquier nueva movilización frente a su casa será responsabilidad suya.

Apercibimiento: En caso de reincidencia, el tribunal tiene la facultad de revocar el arresto domiciliario y ordenar su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El tribunal deberá resolver en los próximos días si las pruebas aportadas por Luciani y Mola son suficientes para endurecer las condiciones de detención de la ex mandataria.