El femicidio de Lidia Vanesa Pérez, quien fue hallada estrangulada con un cable el 30 de diciembre de 2023, había llegado a una resolución de "certeza" el 2 de julio de 2025. Sin embargo, la apelación de los abogados Cergio Morfil y Guillermo Doods logró demostrar vicios procesales que, para la alzada, tornan la sentencia en arbitraria.

Las 3 fallas que derrumbaron la condena

El Tribunal de Impugnación basó su decisión en tres ejes técnicos fundamentales que afectaron el debido proceso:Violación del Principio de Congruencia: Se determinó que los jueces de primera instancia acotaron el margen horario del crimen (de una franja de 90 minutos a una de solo 30) e introdujeron una descripción de la conducta ("acción rápida y súbita") que la fiscalía de Mónica García de Targa no había planteado originalmente. Esto impidió que la defensa pudiera defenderse de esa hipótesis específica.Nulidad de la Autopsia: Fernández ya estaba imputado cuando se realizó la necropsia, pero su defensa no fue notificada. Esto impidió la presencia de un perito de parte, violando el derecho de control de prueba. El tribunal ordenó excluir esta pericia y todos los testimonios que se basaron en ella.Déficit en la Valoración Probatoria: La defensa cuestionó que se ignoraran elementos que sostenían la hipótesis de suicidio (una carta manuscrita y mensajes de WhatsApp) y que se utilizara material fotográfico calificado por el propio tribunal como "mediocre".

El escenario del nuevo juicio

Con esta resolución, el Ministerio Público Fiscal enfrenta un desafío cuesta arriba:

Prueba excluida: Deberán reconstruir la causa de muerte sin utilizar la autopsia anulada, lo cual debilita la prueba científica directa.

Nuevo Tribunal: Tres jueces diferentes deberán analizar el caso desde el inicio.

Contexto de Género: El MPF insiste en que, más allá de los errores formales, el contexto de violencia de género y las pericias del ECIF son suficientes para acreditar la responsabilidad de Fernández.

Tensiones en el Centro Judicial Monteros

La anulación del fallo pone la lupa sobre el accionar de la Unidad Fiscal y el tribunal de juicio original. Mientras la querella, representada por Benjamín Núñez Arévalo, lamenta el retroceso en la búsqueda de justicia para la familia de Pérez, la defensa celebra lo que considera un "acto de justicia procesal" frente a una investigación que calificaron como sesgada.