Juan Soler quedó en el centro de la escena tras expresar su apoyo a políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, conocidas por su dureza contra inmigrantes, incluidos miles de mexicanos. Sus declaraciones se dieron en una entrevista en el canal de YouTube La Saga y rápidamente se viralizaron.

En ese espacio, el actor argentino-mexicano cuestionó la llamada "cultura woke" y criticó posturas progresistas sobre inmigración, diversidad y derechos de minorías. Sus palabras generaron una fuerte grieta: mientras algunos celebraron su franqueza, otros lo acusaron de sostener un discurso discriminatorio.

Ola de críticas y respuesta pública del actor

Las redes sociales se llenaron de mensajes contra Soler, con cuestionamientos no solo a sus opiniones actuales sino también a declaraciones pasadas. El tono de la discusión escaló y derivó en ataques personales.

Ante el revuelo, el actor salió a defenderse. Recordó que vive en México desde hace más de 30 años, que obtuvo la nacionalidad de forma legal y que siempre cumplió con sus obligaciones como ciudadano. Además, sostuvo que expresar una opinión política no debería ser motivo de censura ni de persecución pública.

La petición para quitarle la nacionalidad

La controversia dio un paso más cuando una usuaria lanzó una petición en la plataforma Change.org para que el Estado mexicano le retire la nacionalidad. En el texto, lo acusan de no representar los valores de solidaridad del país y reclaman que "regrese a su lugar de origen".

La campaña sumó adhesiones en poco tiempo y volvió a instalar el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad pública de las figuras mediáticas.

Por qué la iniciativa no tiene sustento legal

Más allá del impacto en redes, especialistas señalan que la petición no tiene base jurídica. La ley mexicana contempla la pérdida de la nacionalidad por causas muy específicas, como adquirir otra ciudadanía voluntariamente o residir fuera del país por períodos prolongados.

Ninguna de esas condiciones está vinculada con opiniones políticas o controversias mediáticas. Por eso, la campaña funciona más como una expresión de enojo social que como una amenaza real para el estatus legal de Soler.

En los hechos, el episodio refleja el clima de polarización que domina el debate público digital, donde las diferencias ideológicas escalan rápidamente hacia pedidos de cancelación.