Jaldo oficializó otro subsidio de $ 700 millones para el transporte y la asistencia superó los $ 7.600 millones en abril
Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el PE autorizó una nueva compensación extraordinaria para las empresas de colectivos. La ayuda se suma a los $4.900 millones otorgados a comienzos de abril y a un anticipo de $2.000 millones a cuenta de mayo.
Frente a un agravamiento de la crisis del transporte público de pasajeros por la caída en la venta de pasajes, el aumento de combustibles e insumos y el recorte de ayuda nacional, el sistema en Tucumán sigue siendo sostenido con el aporte de millonarios subsidios mensuales por parte del Estado provincial.
En ese contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo oficializó un nuevo subsidio de $ 700 millones para las empresas de colectivos de jurisdicción provincial. La medida quedó plasmada en el Decreto N.º 901/8 (MOIyTP), firmado el 29 de abril y publicado este viernes 15 de mayo en el Boletín Oficial de Tucumán.
Con esta nueva asistencia extraordinaria, el Gobierno provincial elevó a $7.600 millones el monto total de fondos destinados al sector durante abril, en un intento por evitar mayores tensiones en un servicio considerado esencial y atravesado por graves problemas financieros.
El paquete de ayuda se compone de tres decretos sucesivos: el Decreto N.º 667/8, del 1 de abril (publicado el 21 del mismo mes en el Boletín) que autorizó un subsidio de $4.900 millones; el Decreto N.º 733/8, del 13 de abril (publicado el 28 de abril), mediante el cual se otorgó un anticipo de $2.000 millones a cuenta de mayo; y ahora el Decreto N.º 901/8, que suma otros $700 millones correspondientes al mes de abril.
Emergencia y crisis estructural
Según el último instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la decisión se apoya en la Ley Provincial N.º 9.773, que prorrogó hasta el 31 de mayo de 2028 la emergencia del servicio provincial de transporte público automotor de pasajeros, originalmente declarada por la Ley N.º 9.538.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo reconoce que el objetivo es "asegurar el normal acceso de la población" al servicio y "preservar su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales".
La norma también admite que el sistema enfrenta una crisis profunda, producto del "incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral", factores que han deteriorado la ecuación económica de las empresas.
El decreto delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la facultad de distribuir los $ 700 millones entre las empresas prestatarias, a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor Tucumán (AETAT), la entidad que nuclea a las compañías del sector.
La distribución deberá realizarse conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley 9.773, mientras que la Dirección de Administración del área quedó facultada para emitir la correspondiente orden de pago.
Presión sobre las finanzas públicas
La nueva asistencia confirma el peso creciente que el transporte público tiene sobre las cuentas provinciales y municipales. En paralelo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aporta más de $1.600 millones mensuales entre subsidios directos y financiamiento de atributos sociales de la tarjeta SUBE, según informó esta semana el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.
El refuerzo de fondos también se produce mientras el municipio capitalino y la Provincia avanzan en un diagnóstico integral del sistema con vistas a una nueva licitación del transporte, en busca de redefinir recorridos, exigir inversiones y mejorar la calidad del servicio.
Mientras sostienen su actividad gracias al aporte de subsidios provinciales, los empresarios del transporte presionan para que el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán autorice un nuevo incremento en el valor del boleto urbano, actualmente fijado en $ 1.250 y que, según el estudio de costos presentado por el sector, debería alcanzar los $ 2.400.