La tregua política en Tucumán se quebró definitivamente este fin de semana. El gobernador Osvaldo Jaldo decidió judicializar su enfrentamiento con la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, mediante una medida cautelar autosatisfactiva presentada ante el juez Pedro Cagna.

El eje del conflicto son las recientes declaraciones de la legisladora, quien responsabilizó directamente al mandatario por las consecuencias de las inundaciones, especialmente en la crítica situación de La Madrid. Jaldo no solo califica estos dichos como "injuriantes y falaces", sino que introdujo un elemento novedoso en su demanda: la acusación de que Molinuevo utiliza influencers para ejecutar campañas de agresión sistemática contra su figura y contra legisladores oficialistas.

Los detalles de la ofensiva judicial

El expediente: Bajo el número 1388/26, el planteo exige que la diputada se retracte públicamente y cese en sus actitudes de hostigamiento.

El factor Monteros: La movida de Jaldo no es aislada. El ministro del Interior, Darío Monteros, ya envió una carta documento a Molinuevo por sus declaraciones en medios nacionales, marcando una estrategia de defensa coordinada en el gabinete.

Plazos: El juez Cagna tiene tiempo hasta el próximo martes para definir si hace lugar al pedido del gobernador, lo que podría generar un precedente sobre los límites de la crítica política en redes sociales.

El barro de la política

Mientras el sur de la provincia intenta recuperarse del temporal, la pelea por el "relato" de la tragedia se vuelve cada vez más agresiva. Para el Ejecutivo, Molinuevo cruzó el límite de la inmunidad parlamentaria al utilizar plataformas digitales para "agredir" y no para proponer. Para los libertarios, se trata de un intento de censura judicial por parte de un Gobierno que busca desviar la atención de la falta de obras hídricas. La resolución del martes será clave para el termómetro político del resto de marzo.