La Justicia federal puso bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un presunto desvío de al menos US$50 millones generados por la actividad de la Selección Argentina en el exterior.

El expediente está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona. Según las líneas de investigación, los fondos habrían transitado por sociedades radicadas fuera del país sin una actividad económica clara que justifique los movimientos detectados.

Las transferencias bajo sospecha

El monto cuestionado aparece fragmentado en envíos a cinco entidades:

Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones

Marmasch LLC: US$13,4 millones

Soagu Services LLC: US$10,8 millones

Dicetel: US$4,8 millones

Velp LLC: US$3 millones

En el centro de la escena figura TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado ingresos internacionales de la AFA por unos US$260 millones, provenientes de amistosos, el contrato con Adidas y derechos de la plataforma AFA Play.

La fiscalía intenta determinar cuánto dinero fue efectivamente liquidado a la AFA y por qué una parte significativa no habría ingresado al circuito formal.

Medidas ordenadas y nuevas hipótesis

En una resolución reciente, Armella ordenó al Banco Coinag un informe detallado sobre cuentas, productos financieros y plazos fijos vinculados a las firmas investigadas.

Además, el expediente detectó una certificación contable falsa utilizada para la compra de vehículos, hecho ya acreditado judicialmente. Esto podría ampliar la causa hacia delitos como falsificación de instrumento privado y lavado de activos.

La investigación también incluye un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y un fideicomiso relacionado, para determinar si parte del dinero habría reingresado al sistema local.

Tres frentes técnicos

La estrategia del Ministerio Público se dividirá en:

Rastreo de activos internacionales: exhortos a jurisdicciones donde operan las LLC para identificar beneficiarios finales.

Peritajes caligráficos y digitales: análisis de dispositivos secuestrados para determinar el origen de la documentación falsa.

Auditoría de flujos externos: cruce entre contratos internacionales y balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el plano penal, la figura central es la administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7 del Código Penal). Si se confirma el uso de documentación apócrifa o maniobras de lavado, las penas en expectativa podrían incrementarse significativamente.

La reconstrucción del circuito financiero será clave para determinar si hubo una gestión irregular de recursos que, según la normativa, debían destinarse al fortalecimiento de los clubes del fútbol argentino.