Investigación AFA: el titular de la UIF viajará a EEUU para obtener datos claves
Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera, viajará a Washington para intercambiar información con autoridades del FinCEN sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la AFA. El objetivo es acceder a detalles de sociedades y operaciones en Estados Unidos que están bajo investigación.
Viaje a Estados Unidos y colaboración internacional
Starc tiene previsto reunirse la primera semana de 2026 con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), organismo dependiente del Tesoro de EE.UU. especializado en delitos financieros. Este encuentro se realiza en el marco de un convenio de colaboración que permite a ambos organismos intercambiar información de inteligencia financiera vinculada a presuntos delitos, incluyendo lavado de dinero.
Investigación sobre sociedades y operaciones de la AFA
El foco de la pesquisa está en Tourprodenter LLC, compañía creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja de Javier Faroni. La firma, vinculada a la organización de partidos de la selección argentina y acuerdos internacionales de la AFA, estaría implicada en el desvío de ingresos millonarios en dólares provenientes de sponsoreo y otros contratos comerciales.
Además de Tourprodenter, existen al menos cinco entidades jurídicas más estrechamente vinculadas entre sí y con dirigentes de la AFA, que operan cuentas bancarias en bancos de primer nivel de Estados Unidos. La Justicia busca identificar a los beneficiarios finales detrás de estas estructuras, actualmente ocultos mediante complejas maniobras societarias.
Allanamientos y cooperación internacional
El martes se realizaron allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, así como en la casa de Faroni. La cooperación internacional resulta clave: Argentina y otras 37 jurisdicciones participan del GAFI y del grupo Egmont, que facilita la comunicación entre oficinas de inteligencia financiera del mundo.
La información que Starc recabe podría ser utilizada tanto por la Justicia argentina como por el Departamento de Justicia de EE.UU., dado que algunas de las operaciones investigadas podrían constituir lavado de dinero bajo la legislación estadounidense.