En respuesta a la creciente indignación de los vecinos de localidades como La Madrid, quienes denunciaron que la empresa EDET solo ofreció facilidades de pago tras las graves inundaciones en lugar de condonaciones reales, el legislador Tomás Cobos presentó un proyecto de ley para cambiar las reglas del juego en Tucumán. La iniciativa surge como un freno directo a las políticas empresariales que, ante la vulnerabilidad extrema de los damnificados, proponen financiar facturas por servicios que no fueron prestados debido al temporal. El proyecto sostiene que trasladar la carga económica a quienes ya han sufrido pérdidas materiales es una medida injusta que profundiza la desigualdad en la provincia.

Un mecanismo de protección automática y efectiva

El eje central de la propuesta es el establecimiento de un régimen de exención automática del pago de servicios públicos esenciales, como energía eléctrica y agua potable, en zonas declaradas bajo emergencia o desastre. Según el texto, si la interrupción del servicio supera las cuarenta y ocho horas consecutivas, el usuario quedará eximido por ley del pago proporcional correspondiente a esos días. Para evitar medidas paliativas insuficientes, el proyecto prohíbe de manera taxativa el cobro diferido o en cuotas de los períodos sin prestación efectiva, obligando a las empresas a emitir una refacturación automática en un plazo de treinta días.

Transparencia y control ciudadano

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, se propone la creación de un sistema de registro público accesible mediante códigos QR en las facturas, permitiendo a los usuarios verificar los días sin servicio y los descuentos aplicados. La autoridad de aplicación sería el ERSEPT, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Comercio Interior para aplicar sanciones y multas proporcionales a las empresas que incumplan la normativa.

Rendición de cuentas tras la emergencia

Finalmente, el proyecto introduce la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública dentro de los treinta días posteriores a la finalización de la emergencia. En este espacio, las prestatarias deberán explicar las causas de las interrupciones, detallar los tiempos de restitución y exponer las medidas de compensación aplicadas ante los usuarios y asociaciones de consumidores. Con esta estructura, se busca fortalecer el rol del Estado en la defensa de los derechos ciudadanos, asegurando que ningún tucumano deba pagar por un servicio que no recibió durante una catástrofe