La decisión del Gobierno nacional de poner reparos a la autorización para que la provincia de Buenos Aires salga a colocar deuda encendió señales de alarma entre los intendentes bonaerenses. El motivo central es que parte de esos fondos está directamente vinculada al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta clave para las finanzas de los 135 municipios.

Del total del endeudamiento aprobado la semana pasada por la Legislatura bonaerense, el 8% debe destinarse a ese fondo. Sin embargo, sin el aval de Casa Rosada, la Provincia no podría avanzar con la operación y los municipios terminarían recibiendo menos recursos de los previstos.

El fondo para los municipios, en el centro del conflicto

La ley de financiamiento aprobada tras un acuerdo entre el peronismo y sectores de la oposición fija un piso garantizado de USD 250 millones para los intendentes, provenientes de Rentas Generales. Pero además establece que el fondo se incrementará automáticamente en función de la deuda que logre colocar la Provincia, siempre equivalente al 8% de esos recursos.

El problema es que el artículo 1 de esa norma -el que habilita el endeudamiento- es objetado por el Gobierno nacional, que argumenta que se trata de "nueva deuda" y se ampara en la Ley de Responsabilidad Fiscal para no otorgar la autorización correspondiente desde los ministerios de Economía y del Interior.

La postura de la Provincia y la defensa legal

Desde el gobierno de Axel Kicillof rechazan esa interpretación y aseguran que Buenos Aires cumple con todos los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según datos oficiales, el ratio de servicios de deuda sobre recursos corrientes netos de coparticipación se ubica apenas por encima del 7%, muy por debajo del tope del 15% que fija la normativa.

Además, en La Plata recuerdan que incluso las provincias que superan ese límite pueden refinanciar sus compromisos financieros, tal como lo establece el artículo 22 de la ley nacional. Por eso, sostienen que no existen fundamentos legales para bloquear el acceso al financiamiento.

Reclamos de los intendentes y preocupación en el interior

Más allá de la discusión técnica, los intendentes comenzaron a manifestar inquietud y pedirán reuniones con funcionarios provinciales para conocer el estado de situación y los plazos de las transferencias. La preocupación es mayor en los municipios del interior bonaerense, donde los márgenes financieros son más ajustados.

"El conurbano está más holgado para pagar sueldos y aguinaldos; el problema es el interior", admitió un jefe comunal peronista. En ese sentido, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, reclamó públicamente que Nación autorice la toma de deuda para no poner en riesgo el inicio del año próximo.

El cronograma de pagos y la advertencia de Kicillof

El esquema aprobado prevé transferencias escalonadas durante 2026 y 2027, con montos diferenciados según el destino de los fondos. Sin embargo, todo el cronograma está atado a que la Provincia pueda efectivamente acceder al financiamiento autorizado.

Axel Kicillof volvió a insistir en que no se trata de tomar deuda para gastos corrientes, sino de cubrir vencimientos ya existentes. También cuestionó con dureza al Gobierno nacional por la posibilidad de bloquear el aval, recordando que otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, sí lograron colocar deuda recientemente.

Mientras el conflicto sigue abierto, los intendentes miran con preocupación el calendario y advierten que, sin esos recursos, el arranque de 2026 podría volverse cuesta arriba para muchos municipios bonaerenses.