Desde esta semana, Mendoza aplica una ley inédita en Argentina que establece multas económicas y sanciones educativas para los padres de niños y adolescentes que cometan bullying dentro del ámbito escolar. La medida apunta a involucrar de manera directa a las familias en la prevención del acoso y a frenar conductas reiteradas de hostigamiento.

La normativa se enmarca en la Ley 9.545, que incorpora nuevos artículos al Código de Contravenciones provincial, y pone el foco en los adultos responsables que, pese a ser notificados por la escuela, no adopten acciones para reparar el daño ni evitar la repetición de estas conductas.

Multas millonarias y trabajos comunitarios para los padres

El régimen de sanciones contempla multas económicas calculadas en Unidades Fijas (UF). Con la actualización prevista del valor de estas unidades, los montos podrán oscilar entre $750 mil y $1,5 millones, en los casos considerados de mayor gravedad.

Antes de llegar a la multa, la Justicia podrá disponer trabajos educativos o comunitarios por hasta 30 días para los progenitores o tutores legales. Además, la ley prevé instancias de mediación escolar con equipos interdisciplinarios, con el objetivo de resolver el conflicto sin necesidad de avanzar directamente a una sanción económica.

Quedan exceptuados de estas penalidades quienes tengan privada la responsabilidad parental o cuenten con prohibiciones de acercamiento vigentes.

A dónde irá el dinero recaudado por las sanciones

Según lo establecido en el Boletín Oficial, el dinero recaudado por las multas será destinado a un Fondo Provincial, creado por la misma ley. Este fondo tendrá como objetivo la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, además de colaborar con Bibliotecas Populares de la provincia.

De este modo, el Gobierno mendocino busca que las sanciones no tengan un fin meramente recaudatorio, sino que contribuyan a fortalecer políticas públicas contra el bullying.

El respaldo del ministro de Educación de Mendoza

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, respaldó la medida y remarcó la importancia del rol familiar en la formación de los menores. "Los chicos están en la escuela en un horario limitado; el resto de la educación viene de la familia", explicó en declaraciones públicas.

El funcionario advirtió que existen casos en los que los padres no solo no frenan las conductas de hostigamiento, sino que incluso las avalan. Además, señaló que el 90% de los reportes actuales corresponden a violencia psicológica y cyberbullying, fenómenos que se extienden fuera del ámbito escolar y se potencian en redes sociales.

"La ley prioriza el trabajo comunitario y la asistencia a escuelas para padres. La multa es el último recurso, cuando no hay colaboración", concluyó.