El fallo absolutorio al único y último imputado por el homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido durante la primera semana de mayo, completa el retrato de la cara más atroz de Tucumán. Lo que resulta, con rasgos perfectamente definidos, es la viva imagen de la provincia impune. Infinitamente impune.

Esa infinitud se ratifica año tras año desde hace dos décadas. Y se consolida juicio tras juicio. Porque en torno de la muerte de la joven tucumana hubo varios juicios por el encubrimiento. Terminaron condenados el ex fiscal penal Carlos Albaca, Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte). Antes ya habían sido condenados Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina apareció sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes. Este año fue condenada por falso testimonio Virginia Mercado, quien se reivindicaba amiga de Paulina pero reconoció haber mentido cuando prestó declaración en la causa.

¿Para beneficiar a quién se organizó semejante red de ocultamiento de la verdad? No se sabrá. Porque, como sentenció Leticia, la hija de Paulina, el Estado tucumano decidió no saber quién asesinó a una tucumana que, en plena democracia, desapareció de la vía pública el 26 de febrero de 2006. Su cuerpo, sin vida, fue encontrado en una banquina de Tapia el 11 de marzo siguiente.

El "encubrimiento" gracias al cual hay una decena de condenados, pero ningún culpable de la muerte, tiene dimensiones infernales. Alberto Lebbos, padre de Paulina, lleva 20 años sufriéndolo. Y denunciándolo. Reconstruirlo sirve para dimensionar lo infinito de la impunidad de esta provincia.

TODOS CONTRA ELLA

Cuando los restos de Paulina fueron encontrados, los agentes dieron aviso al fiscal de turno cuatro horas después. En el acta se anotó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje sin precedentes. La verdad es que la Policía nunca encontró nada: con el cadáver dieron dos baquianos, que fueron privados de su libertad y "apretados" para que no dijeran que ellos se habían topado con los restos.

Paulina, sin vida, fue movida. El lugar del hecho, desbaratado. Las primeras fotos, escondidas. La escena, cambiada. Las actas, adulteradas. Las firmas, falsificadas. Los testigos, amenazados. Todo esto, por cierto, según informaron oportunamente tanto Gendarmería como la Policía Federal.

El primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, fue apartado luego de una sorpresiva reunión con el entonces gobernador, José Alperovich. "Necesito ayuda para investigar", declaró. El expediente recayó en Carlos Albaca, quien le negó a Alberto Lebbos acceso al expediente durante 7 años. Lebbos no demoró en denunciar a funcionarios del área de Seguridad y renunció como Secretario de la Juventud. Sólo un funcionario lo acompañó: Bernardo Lobo Bougeau, entonces secretario de Derechos Humanos y luego abogado de Lebbos. Todos los demás siguieron. Muchos continúan.

Gracias a la presión por las incesantes protestas de Lebbos, Albaca elevó un informe a la Corte Suprema. Las marchas, por cierto, tuvieron una suerte dispar. Las primeras fueron multitudinarias. Pero en algún momento llegó a caminar alrededor de la plaza acompañado tan sólo por un militante del Partido Obrero que nunca lo abandonó. En el informe al superior tribunal, Albaca mencionó 8 hipótesis. Una de ellas era la posible participación de "hijos del poder". Eso sí: jamás imputó a nadie.

Cuando dejó la causa, el expediente recayó en manos del fiscal Diego López Ávila. Con celeridad, él sometió a una prueba de ADN a los 12 mencionados por Albaca, porque en las ropas de Paulina habían encontrado un cabello humano que no era suyo. Pero ese pelo con el que debía hacerse el cotejo genérico no había sido preservado. El mayor elemento de prueba estaba arruinado.

La fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira sostuvo que Albaca actuó con negligencia, indolencia y ligereza. "No fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad, sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público (...), con el consecuente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan", lapidó.

Albaca, en su descargo, pretendió que Alberto Lebbos no había sido un buen padre. Y se refirió a Paulina con aseveraciones infundadas y ultrajantes. Ante el escándalo, se pidió su juicio político. Pero en la Legislatura archivaron el planteo cuando el entonces fiscal presentó su renuncia condicionada al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. Sin embargo, no reunía los requisitos para ese beneficio previsional. Ingresó un segundo pedido de destitución y el alperovichismo mintió: dijo que no podía ser juzgado dos veces por la misma causa, a pesar de que el "archivo" del primer planteo no había generado ningún "estado". Albaca volvió a dimitir, esta vez para acogerse a una jubilación ordinaria. Alperovich aceptó la renuncia con celeridad. Igual que como en la vez anterior.

EL "TREN FANTASMA" INSTITUCIONAL

Hace 20 días, la consultora Polinómica realizó una encuesta de 930 casos en la provincia. Sus resultados, expuestos "El Avispero", expusieron que, de los poderes del Estado provincial, la Justicia es el peor considerado por la opinión pública. 8 de cada 10 consultados expresó una opinión "regular negativa" {33%) o puramente "negativa" (46%) sobre el Poder Judicial.

Cuando ese dato se contrasta con los "sentimientos" de los tucumanos, el indicador no sólo se constata, sino que se llena de contenido. Consultados acerca de "cuál es el principal problema de la provincia", en primer lugar aparece la "corrupción". Luego, el desempleo (14,38%). En tercer lugar, la inseguridad (13,57%). Es decir, en el podio de los dramas provinciales, dos de las tres mayores angustias sociales están directamente relacionadas con la Justicia. Los tucumanos están diciendo que la gente no sólo se muere de hambre. Paulina es la dolorosa comprobación de esa advertencia.

Pero, huelga decirlo, la "corrupción" y la "inseguridad" no son cuestiones que sólo correspondan al ámbito judicial. De hecho, ninguno de los poderes del Estado goza de aprobación ni popularidad entre los tucumanos. El gobernador Osvaldo Jaldo, quien encarna el Poder Ejecutivo, tiene una desaprobación del 56%, por su imagen "regular negativa" (31%) o "puramente negativa" (25%).

En definitiva, la institucionalidad de esta provincia se asemeja a un "tren fantasma". La valoración de los tucumanos sólo determina quién viaja en camarote, quién va en pulman y quién en los vagones de primera clase. Pero todos transitan por la misma vía.

LA "CINTA DE MOEBIUS"

El resultado del último juicio por la muerte de Paulina Lebbos es una confirmación de las preocupaciones de los tucumanos. La congruencia entre lo que los tucumanos ven y lo que acaba de ocurrir en los tribunales sólo es la pavorosa comprobación de que la impunidad es la única cara de esta provincia, donde pareciera que pueden cometerse toda clase de atrocidades contra las mujeres, sin que nadie pague por ello.

Precisamente, la impunidad opera como una acabada "cinta de Moebius". Esta cinta es es una superficie con una sola cara y un solo borde, que se construye tomando una tira de papel, dándole un medio giro y uniendo sus extremos. Es una figura que representa el infinito porque si se pinta una cara de la "cinta de Moebius" sin levantar el lápiz, se cubre toda su superficie. Con el caso de Paulina Lebbos, la impunidad de esta provincia construye ese infinito: aquí, la acción de los impunes no tiene final. Y el Estado provincial mismo ha perdido todos sus principios. Por eso no sólo renunció a que ese crimen no tenga culpables: se empeñó en que para esa tucumana no haya Justicia.