El arresto de Liam Conejo Ramos, un niño de apenas cinco años, generó conmoción en Estados Unidos y reabrió el debate sobre la política migratoria. El menor fue detenido el 20 de enero en Columbia Heights, un suburbio de Mineápolis, cuando regresaba de la escuela y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un operativo contra su padre.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la detención del niño se produjo porque el padre habría intentado huir. Sin embargo, la familia niega esa versión. Desde Ecuador, su tía aseguró que no existió resistencia ni intento de escape y remarcó que el padre no tiene antecedentes penales ni ingresó de manera ilegal a Estados Unidos.

El distrito escolar confirmó que otro adulto presente en la vivienda se ofreció a quedarse con el niño, pero la opción fue descartada por los agentes federales.

Cifras alarmantes: miles de niños detenidos

El caso de Liam no es aislado. De acuerdo con el Deportation Data Project, entre enero y octubre de 2025 el ICE procesó alrededor de 3.800 menores en centros de detención familiar. Más de 2.600 de ellos fueron arrestados dentro del territorio estadounidense y no en la frontera.

Entre los menores detenidos hay niños de uno y dos años. Organizaciones de derechos humanos advierten que el enfoque actual apunta a familias ya establecidas, muchas con trámites migratorios en curso o solicitudes de asilo presentadas de manera legal.

Abogados especializados señalan que incluso personas con estatus de refugiado o permisos temporales están siendo reinterrogadas y detenidas, lo que genera un clima de incertidumbre generalizada.

Condiciones de detención y cuestionamientos legales

Diversos testimonios recabados por organizaciones civiles describen condiciones precarias durante las detenciones iniciales: familias retenidas en aeropuertos o edificios administrativos, sin atención médica adecuada y con iluminación constante.

La mayoría de los menores detenidos junto a sus padres son trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic. Se trata del mayor centro de detención familiar del país, con capacidad para 2.400 personas, donde actualmente se encuentran Liam y su padre.

El acuerdo Flores, vigente desde 1997, establece protecciones especiales para los menores bajo custodia migratoria y limita el tiempo de detención. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump y sectores republicanos del Congreso impulsan cambios para permitir la retención de familias hasta su deportación, una medida que organizaciones de derechos humanos consideran una violación directa de ese marco legal.

Un debate que vuelve al centro de la escena

La detención de Liam Ramos volvió a instalar con fuerza el debate sobre el impacto de las políticas migratorias en la infancia. Especialistas y activistas coinciden en que se trata de familias sin antecedentes criminales, que intentan cumplir con normas migratorias cambiantes y que terminan atrapadas en un sistema cada vez más restrictivo.

Mientras tanto, el número de niños detenidos por el ICE sigue creciendo y el tema promete convertirse nuevamente en uno de los ejes más sensibles de la agenda política y social en Estados Unidos.