En un giro judicial significativo, Gabriel Ernesto Valdez fue condenado a ocho años de prisión tras declararse culpable de intimidación pública por haber realizado 16 amenazas de bomba a escuelas e instituciones públicas, usando el nombre de su exsuegro. La sentencia se confirmó ayer martes luego de que Valdez aceptara su culpabilidad durante una audiencia online para acceder a un acuerdo judicial.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que Valdez tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos para acceder al convenio. Tras escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió aceptar el acuerdo. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, lideró la investigación que comenzó el año pasado, en medio de semanas de incertidumbre y temor por los llamados amenazantes que afectaron diversos establecimientos educativos y públicos.

Detalles de la Investigación

Según los investigadores, Valdez, impulsado por conflictos familiares que resultaron en múltiples denuncias penales cruzadas con su expareja, planeó perjudicarla adquiriendo varias líneas telefónicas prepagas a nombre del padre de la joven. Utilizando estas líneas, Valdez realizó llamadas al Servicio de Emergencias 911 de la Policía, informando falsamente sobre la presencia de artefactos explosivos en entidades privadas y públicas, buscando sembrar el pánico.

La fiscal Rivadeneira explicó que desde el comienzo de la investigación, el modus operandi llamó la atención. Las amenazas comenzaron a involucrar no solo a edificios escolares, sino también a organismos públicos como la Legislatura y la Casa de Gobierno, lo que llevó a sospechar que se trataba de un solo autor.

"Al principio nos llamó la atención el modus operandi. Primero porque las amenazas ya no eran solo a edificios escolares, sino que involucraban a organismos públicos como la Legislatura, Casa de Gobierno, entre otros", detalló Rivadeneira. Además, el intimidador daba a conocer su identidad, algo inusual en este tipo de delitos, lo que llevó a los investigadores a sospechar que se trataba de una maniobra para perjudicar a otra persona.

Mediante el uso de tecnología avanzada, incluyendo geolocalización y registros telefónicos, la fiscalía pudo obtener pruebas clave que vincularon a Valdez con los hechos. Las conexiones con conflictos previos ayudaron a identificar al autor detrás de las amenazas.

Amenazas 

La acusación de la fiscalía detalló las amenazas realizadas por Valdez entre el 15 y el 29 de septiembre:

15 de septiembre: Amenaza a una concesionaria de autos en avenida Benjamín Aráoz al 1.200.22 de septiembre: Amenazas a un edificio en calle 9 de Julio al 400, a la escuela Obispo Molina y a un supermercado en Benjamín Aráoz al 1.100.26 de septiembre: Amenazas en el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento y en una estación de servicio en Benjamín Aráoz y Coronel Suárez.28 de septiembre: Falsa denuncia de amenaza en la Casa de Gobierno y en el Palacio de los Deportes de la Municipalidad durante un acto de reinauguración.29 de septiembre: Última amenaza en la Legislatura.