La resolución judicial se basó en el largo historial de denuncias de Paola Tacacho, que presentó un total de 13 expedientes contra su femicida, Mauricio Parada Parejas, desde 2015. A pesar de que había una orden de restricción de acercamiento, las denuncias se archivaban o se desestimaban, y la víctima se vio obligada a iniciar una y otra vez causas ante distintas autoridades por el mismo conflicto. El fallo destaca que el Estado tenía "conocimiento fehaciente" de la situación de riesgo "real e inmediato" en la que se encontraba la joven5.

La responsabilidad del Estado y del exjuez

La sentencia concluyó que el Poder Judicial tucumano no aplicó la perspectiva de género necesaria para abordar el caso, y que esta "forma anómala de organizar el aparato estatal" significó una deficiente prestación del servicio de justicia. Esto se tradujo en que no se monitorearon ni controlaron las medidas de prohibición de acercamiento y no se ofrecieron servicios de asistencia integral a la víctima.

En particular, se condenó al exjuez  Juan Francisco Pisa, quien en 2017 sobreseyó al femicida en una de las causas por "desobediencia judicial". El tribunal sostuvo que su accionar "perjudicó gravemente el sistema de administración de justicia" y permitió que Parada Parejas continuara acosando a Paola. Si bien el fallo de sobreseimiento no fue la única causa, se consideró que "el curso normal y ordinario de las cosas" podría haber sido diferente si se hubieran actualizado los antecedentes penales y se hubiera atendido la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Un resarcimiento para reparar el daño

La indemnización total asciende a 36.424.858,93 pesos. El tribunal estableció que la Provincia de Tucumán es la principal responsable, debiendo responder por el 100% del monto, mientras que el exjuez Pisa es responsable de manera concurrente por el 10% de la indemnización reconocida. La demanda, presentada por Mariela Fernanda Tacacho, madre de la víctima, buscaba compensación por los "daños y perjuicios" derivados del femicidio, y el fallo consideró la falta de tutela judicial efectiva y la ausencia de un abordaje con perspectiva de género como la causa de los mismos.