El Gobierno nacional resolvió postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal y concentrar la agenda legislativa de febrero en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley de Glaciares. Aunque en un principio la intención era debatir los cambios penales durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo todavía ajusta la redacción final del proyecto y optó por demorar su envío al Congreso.

Desde Casa Rosada explicaron que el nuevo Código Penal no formará parte del temario extraordinario porque aún se están puliendo los artículos de la iniciativa. En ese marco, La Libertad Avanza buscará avanzar primero con la reforma laboral -que ya cuenta con dictamen en el Senado- y luego con la discusión sobre glaciares.

La reforma del Código Penal, para sesiones ordinarias

Según fuentes oficiales, la definición final del proyecto está en manos de una mesa política integrada por Santiago Caputo, Sebastián Amerio, María Ibarzábal y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a asesores especializados. "Se está terminando de acomodar todo y la validación final la hace el Presidente", señalaron desde el entorno gubernamental.

En el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, aseguran que todavía no recibieron ningún texto oficial. Por eso, esperan que la iniciativa ingrese formalmente durante el período ordinario, aunque no descartan que pueda comenzar a trabajarse en comisión hacia el final de febrero, una vez encaminada la reforma laboral.

Desde el Gobierno también salieron a despejar dudas sobre uno de los puntos más sensibles del debate: confirmaron que la figura del femicidio no será eliminada del Código Penal, pese a versiones que circularon tras declaraciones previas de Javier Milei.

Qué cambios prevé el nuevo Código Penal

Aunque aún no hay un texto definitivo, el Ejecutivo adelantó algunas bases del proyecto durante una presentación realizada en octubre de 2025. El objetivo central de la reforma es endurecer el régimen penal, con "más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes", y reemplazar el Código vigente desde 1921.

Entre los ejes principales, se prevé un aumento de penas para la mayoría de los delitos, la imprescriptibilidad de crímenes graves como el homicidio agravado y el abuso sexual, y el cumplimiento efectivo de las condenas. Además, se evalúa que las penas a prisión perpetua no tengan límite temporal y que se garantice un alto porcentaje de cumplimiento efectivo de las sentencias.

El proyecto también incluiría la implementación del sistema acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad, dos puntos que prometen generar un fuerte debate político y social cuando la iniciativa finalmente llegue al Congreso.