Una reforma para ordenar el sistema de inteligencia

Tras la publicación del DNU que introduce cambios en la Ley de Inteligencia, el Gobierno de Javier Milei salió a respaldar la reestructuración de la SIDE y explicó los alcances del nuevo modelo. Desde el Ejecutivo aseguraron que la medida busca poner orden en un sistema que, según sostienen, durante años funcionó con superposiciones, discrecionalidad y falta de control.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Inteligencia definió la iniciativa como una "reforma de segunda generación" orientada a modernizar el sistema y alinearlo con estándares democráticos. El pronunciamiento llegó en medio de fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, que advirtieron sobre una mayor centralización del poder.

Qué cambia con el nuevo esquema de inteligencia

El Gobierno remarcó que el DNU 941/25 delimita funciones con mayor precisión y reduce la estructura del sistema. En concreto, establece que la seguridad interior quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, la inteligencia militar en el Estado Mayor Conjunto y la protección de infraestructura crítica en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Además, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a enfocarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia. El objetivo, según explicaron, es eliminar misiones difusas y evitar cruces de competencias que generaban desorden operativo.

Controles, contrainteligencia y críticas políticas

Otro punto clave del decreto es que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto, por su sensibilidad estratégica. En ese marco, la contrainteligencia queda claramente definida como la función destinada a proteger al Estado frente a acciones de espionaje o injerencias externas, dejando atrás prácticas vinculadas al espionaje interno o la persecución política.

La reforma también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, al considerar que duplicaba funciones ya existentes. A esto se suma un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos, con registros obligatorios y trazabilidad para reforzar los controles legales y presupuestarios.

Desde la Casa Rosada aseguraron que estos cambios forman parte de un proceso más amplio para "dejar atrás décadas de opacidad" y avanzar hacia un Estado más profesional y eficiente, aunque el debate político alrededor de la SIDE promete seguir abierto.