El Gobierno decidió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad mientras continúa la inspección interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se adoptó tras la filtración de audios del extitular Diego Spagnuolo, donde se mencionaban presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.

Hasta el momento, la ANDIS había dado de baja a 128.667 beneficiarios por distintas irregularidades: 110.522 por documentación repetida o incorrecta, 8.107 por fallecimiento de los beneficiarios y 10.038 por renuncia a la ayuda. Según fuentes oficiales, las bajas se revisarán antes de continuar con nuevos procedimientos.

"Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia, que se centra en pensiones, compras y estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir", explicó una fuente cercana al ministro de Salud, Mario Lugones. Durante este proceso no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los más de 1 millón de beneficiarios actuales.

ANDIS y la administración de las pensiones

La intervención de la ANDIS permite al Gobierno revisar directamente las operaciones de la agencia, que antes podía manejar su presupuesto y compras sin supervisión del Ministerio de Salud. Por el momento, no se implementará la idea de convertir la entidad en un área dentro del ministerio, medida que requeriría aprobación legislativa.

Ley de Emergencia en Discapacidad

Este jueves, el Senado rechazó un veto presidencial y volvió a aprobar la ley de emergencia en discapacidad, declarando la situación hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas.

La ley fue respaldada por 63 votos, entre kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales, mientras que solo siete legisladores votaron en contra. El presidente Javier Milei ya anunció que podría judicializar la medida, al considerar que afecta el equilibrio fiscal.