El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil con un eje central que vuelve a generar fuerte debate político y social: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

La iniciativa, que es prácticamente idéntica a la presentada el año pasado, ya comenzó a moverse en la Cámara de Diputados con un cronograma acelerado. La intención oficial es dictaminar este miércoles en comisiones y llevar el tema al recinto el jueves 12 de febrero.

Sin embargo, desde los bloques dialoguistas ya anticiparon que el consenso político hoy no acompaña el piso de 13 años, sino que se ubica en los 14, tal como se había trabajado en el dictamen consensuado durante 2025.

Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil

El proyecto plantea reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que un adolescente pueda ser imputado penalmente en casos de delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.

A la par, establece un régimen penal juvenil diferenciado del sistema de adultos, con límites específicos en las penas y con un fuerte componente de reinserción social.

Entre los puntos centrales, el texto fija:

Penas máximas de hasta 20 años de prisión (sin prisión perpetua).

Prioridad de sanciones no privativas de la libertad para delitos menores.

Privación de libertad como último recurso para menores de 15 años.

Creación de institutos específicos para adolescentes, sin convivencia con adultos.

Obligación de garantizar educación, salud y tratamiento de adicciones.

Además, se incorporan derechos reforzados para los adolescentes sometidos a proceso penal: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, mediación y derecho a ser escuchados durante todo el trámite judicial.

El punto clave que destrabó la discusión: el financiamiento

Uno de los principales obstáculos que había frenado el tratamiento del proyecto en 2025 era la falta de presupuesto para implementar el nuevo sistema.

Esta vez, el oficialismo incluyó en el artículo 51 una asignación presupuestaria específica de $23.739.155.303,08 para el año 2026, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

Este detalle fue confirmado en una reunión entre los jefes de bloque y el presidente de Diputados, Martín Menem, y permitió descomprimir parte de la resistencia opositora.

La oposición ya anticipa cambios en la edad y en las penas

Desde el PRO y la UCR dejaron en claro que el acuerdo posible es fijar la imputabilidad desde los 14 años, no desde los 13. Ese sería el cambio que se introduciría en el despacho de comisión.

También podría modificarse el tope de las penas. En el dictamen trabajado el año pasado se había consensuado un máximo de 15 años de encierro para delitos especialmente graves, con prioridad de sanciones alternativas para conductas de menor escala.

Derechos de las víctimas y coordinación con provincias

El proyecto también refuerza el rol de las víctimas, garantizando asistencia legal, acompañamiento psicológico y participación activa en el proceso judicial.

A su vez, contempla la posibilidad de que la Nación firme acuerdos con las provincias para enviar fondos destinados a infraestructura y funcionamiento de los institutos juveniles, uno de los puntos más sensibles en términos de implementación real del sistema.

Con este nuevo envío al Congreso, el oficialismo busca reabrir un debate que divide posiciones dentro del arco político, pero que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda parlamentaria de febrero.