El Gobierno Nacional trabaja desde hace meses, casi en secreto, en una reforma inédita del Ministerio de Seguridad Nacional que busca ampliar su poder de vigilancia y redefinir las jurisdicciones de varias fuerzas. El cambio más resonante será la creación de una Policía Migratoria, un cuerpo especializado que asumirá el control de los pasos fronterizos hoy en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, cuyos agentes dejarán de ser civiles para convertirse en oficiales entrenados.

La nueva fuerza tendrá la misión de controlar ingresos y egresos por pasos legales e ilegales, sumando capacidades operativas que, según fuentes oficiales, hoy son insuficientes ante casos de delincuentes con alertas internacionales que llegan a escapar antes de que intervengan las fuerzas de seguridad.

El rediseño también implicará modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que abandonaría su enfoque casi exclusivo en incidentes aeroportuarios para adaptarse a un esquema más amplio de seguridad federal.

Patricia Bullrich, actual ministra y futura senadora, impulsó esta reforma con el aval de Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. Las transformaciones incluyen un cambio estructural del Ministerio que podría incluso adoptar un nuevo nombre más acorde al incremento de su poder operativo y estratégico.

Un FBI argentino y nuevos desafíos: ciberseguridad, terrorismo y delitos complejos

El plan también contempla fortalecer las capacidades de la Policía Federal Argentina (PFA) con la creación de un cuerpo de elite especializado en delitos complejos, inspirado en el funcionamiento del FBI estadounidense. Aunque la propuesta de un "FBI argentino" se barajó en diversas gestiones, nunca logró concretarse.

Este modelo apunta a desplazar tareas que hoy absorben recursos -como el patrullaje en líneas ferroviarias- hacia policías provinciales, para que la PFA se concentre en investigaciones de alta complejidad.

Otro eje central es la ampliación del rol estatal en ciberseguridad. El nuevo esquema pretende que el Ministerio de Seguridad Nacional asuma responsabilidades que hoy recaen en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), especialmente en materia de ciberataques contra empresas y organismos públicos. Según fuentes oficiales, muchas compañías evitan denunciar incidentes a la SIDE por prejuicios, lo que complica la prevención y respuesta del Estado.

La iniciativa también introduce modelos de coordinación tomados del MI5 británico para fortalecer la detección de amenazas internas, terrorismo, espionaje y emergencias.

Si bien se prevé resistencia de algunos organismos -en especial áreas de inteligencia-, desde el Gobierno aseguran que la reforma busca ordenar información dispersa y modernizar los mecanismos de seguridad.

Bullrich había intentado aplicar parte de esta transformación durante la gestión de Lisandro Catalán en Interior, quien se opuso a la creación de la Policía Migratoria. Su sucesor, Diego Santilli, respaldó rápidamente el proyecto.

La ministra también buscó controlar el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), aunque finalmente devolvió su administración a Interior. En el Gobierno advierten que incluso los DNI actuales presentan problemas para tecnologías de identificación criminal debido a alteraciones en el color de las fotografías