El Gobierno Nacional confirmó que no pondrá en marcha la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y vetada por Javier Milei. Durante la presentación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la postura del Ejecutivo y aseguraron que "las universidades tendrán un aumento real del 7% en su presupuesto", sin recortes ni despidos.

Álvarez rechazó las críticas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y habló de una "campaña del miedo". "No cerró ninguna universidad, no hay éxodo docente ni ajuste con despidos. Hoy hay 198 mil docentes, dos mil más que al inicio de la gestión", remarcó.

Por su parte, Torrendell sostuvo que "aumentar el gasto no garantiza una mejora educativa", y explicó que el objetivo del Gobierno es "invertir mejor, no gastar más". Según detalló, el Presupuesto 2026 prevé un incremento nominal del 17,6% en educación, lo que representa un aumento real del 7% con una inflación proyectada del 10,1%. Parte de los fondos se destinarán al plan nacional de alfabetización y a la formación docente.

El debate generó fuertes cruces en la Comisión de Presupuesto. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó la decisión del Ejecutivo como un "flagrante incumplimiento" de una ley vigente. "Si vino a traer buenas noticias, suelte la plata. No hay excusas cuando sí hubo fondos para otros programas", lanzó.

En la misma línea, Leandro Santoro (Unión por la Patria) recordó que el impacto fiscal de la ley universitaria representa solo el 0,2% del PBI, mientras que la rebaja del impuesto a los Bienes Personales implicó una pérdida del 0,4%.

Álvarez respondió que el Gobierno no puede "incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una norma que no especifica de dónde salen los recursos". Con ironía, agregó: "Por más que el Parlamento derogue la Ley de Gravedad, la gravedad sigue existiendo".

La discusión sobre el financiamiento universitario se retomará la próxima semana, cuando la Comisión de Presupuesto deba emitir dictamen. El oficialismo busca postergar el debate hasta después del recambio legislativo, momento en el que La Libertad Avanza y sus aliados contarán con mayor representación parlamentaria.