El Gobierno pone en marcha la desregulación del mercado eléctrico desde este sábado 1 de noviembre, como parte del esquema diseñado para reordenar precios relativos, achicar subsidios y reforzar el compromiso fiscal que la administración de Javier Milei acordó con el Fondo Monetario Internacional. La hoja de ruta oficial combina una nueva etapa de aumentos en tarifas residenciales e industriales, cambios estructurales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios energéticos, a excepción del que protege a las zonas frías.

El plan lo ratificó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en el Congreso: el objetivo oficial es reducir el gasto en subsidios del 0,6% del PBI al 0,5% en 2026. Los hogares de mayores ingresos pagarán tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de ingresos bajos, el 43%. En promedio, el usuario residencial pasará de cubrir el 53% actual del costo mayorista al 67%.

La resolución 400/2025 habilita un sistema de precios marginales que reemplaza el esquema administrado de comisiones y controles de los últimos años. La estrategia se alinea a la Ley Bases: el Estado deja de ser operador directo, vuelve a un rol de reglas y regulación, y deja librado a privados la compra de combustibles, la contratación de energía y los acuerdos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios. La apuesta oficial es que eso libere inversión, mejore señales de largo plazo y dinamice proyectos estratégicos para ampliar oferta.

En el Gobierno remarcan que este cambio no solo apunta a redefinir el funcionamiento eléctrico, sino a extender el principio al gas. Se respetarán los contratos vigentes hasta 2028, pero se avanza en descentralización, mercado competitivo y previsibilidad dolarizada. La secretaria de Energía, María Tettamanti, sostuvo que el proceso solo podrá consolidarse si la macroeconomía acompaña: sin estabilidad fiscal y cambiaria, reconocen, ninguna reforma energética logra sostenerse.

En el sector privado, la visión es más táctica: la competencia podría mejorar precios en el mediano plazo, pero el tramo de transición será más costoso. Las proyecciones hablan de entre 8 y 10 dólares adicionales por MWh para usuarios industriales.

El Ministerio también prepara una licitación para ampliar la transmisión eléctrica, con una primera etapa centrada en el AMBA y una inversión prevista de US$1100 millones bajo modalidad de concesión con repago vía tarifas.

Sin embargo, la decisión llega en un momento político complejo para el Gobierno. La discusión energética coincide con tensiones internas por el rediseño del gabinete, la caída de Guillermo Francos y la puja de poder real entre Karina Milei, Santiago Caputo y sectores que buscan condicionar la orientación estratégica del rumbo económico. La hoja energética es parte del núcleo ideológico libertario, pero requiere orden interno para sostener el ajuste tarifario en un año donde la sensibilidad social sobre tarifas puede convertirse en una fuente de conflictividad.

Además, a corto plazo el riesgo operativo es concreto: el verano puede traer estrés de oferta, cortes y uso de generadores diésel financiados por privados. La Casa Rosada está dispuesta a pagar a grandes usuarios para que reduzcan demanda en horas críticas. El mensaje es claro: el reordenamiento energético continuará incluso con impacto en el bolsillo, bajo la premisa de que luego vendrá eficiencia, inversión y estabilidad.

El desafío político, económico y social que se abre ahora será si el oficialismo logra sostener el consenso interno y la gobernabilidad necesaria para que el salto hacia precios reales y menor subsidio no se transforme en un nuevo shock de desgaste antes de que el propio modelo pueda mostrar resultados.