El Ejecutivo no está dispuesto a que un juez unipersonal de Córdoba marque el destino de su reforma más ambiciosa. La decisión de presentar un recurso extraordinario federal busca blindar la Ley de Modernización Laboral frente a lo que consideran una "judicialización excesiva".

El punto de fricción es el Artículo 55, que establece que para los juicios ya iniciados, la actualización de las deudas debe seguir la tasa pasiva del BCRA, con un piso del 67% respecto al sistema de inflación. El juez Ricardo Gileta consideró que esto crea "trabajadores de primera y de segunda", violando el principio de igualdad ante la ley.

La estrategia de la Casa Rosada

En los despachos de la Procuración del Tesoro se cocina una defensa técnica que apunta a dos frentes:

Frenar el efecto cascada: El temor del Gobierno es que este fallo individual sea utilizado como precedente por abogados laboralistas en todo el país, vaciando de contenido la reforma antes de que cumpla un mes de vigencia.

Apuesta a la Corte: El oficialismo confía en que el Máximo Tribunal valide la "emergencia laboral" y la facultad del Congreso para legislar sobre la actualización de créditos, priorizando la previsibilidad económica sobre los reclamos individuales.

Defensa coordinada: Se ha instruido a los equipos técnicos para que cada amparo o recurso en cualquier provincia sea respondido con una estrategia unificada, evitando fisuras en la interpretación de la ley.

Un escenario de incertidumbre

Para las empresas y los trabajadores, el fallo abre un paréntesis peligroso. Si la Corte no interviene rápido, los tribunales laborales podrían convertirse en un mapa de criterios dispares, donde una indemnización vale más en una provincia que en otra. Mientras tanto, el Gobierno espera que los litigios colectivos (como el de la CGT) terminen de definir la suerte de la "Modernización Laboral" de 2026.