El Gobierno apela al fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes y lo mantiene vigente
El Gobierno nacional presentó una apelación tras la nulidad judicial del protocolo antipiquetes, creado bajo la gestión de Patricia Bullrich. La medida mantiene efecto suspensivo y continuará vigente hasta que la Cámara Contencioso Administrativo Federal decida sobre su validez.
Apelación frena la nulidad y mantiene el protocolo activo
El Ministerio de Seguridad, a través de Asuntos Judiciales, apeló el fallo del 29 de diciembre que había declarado nulo el protocolo antipiquetes. La jueza de primera instancia concedió el recurso con efecto suspensivo, por lo que la medida sigue vigente mientras se espera la definición de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
En términos prácticos, esto significa que las fuerzas federales pueden continuar aplicando el protocolo ante cortes de tránsito y manifestaciones, según lo considere necesario el Gobierno.
Protocolo bajo cuestionamiento judicial
El protocolo fue declarado nulo tras un amparo presentado por organizaciones de derechos humanos, que argumentaron que vulnera derechos constitucionales vinculados a la protesta social. Sin embargo, el Estado sostiene que la resolución no limita la protesta, sino que establece pautas de actuación para las fuerzas de seguridad ante posibles delitos, especialmente los relacionados con la circulación y el transporte.
Además, el Gobierno advirtió sobre un "gravamen irreparable" si se dejara sin efecto la herramienta, alegando que es clave para garantizar el orden público y la libre circulación de terceros.
Qué viene en el plano judicial y político
El futuro del protocolo dependerá de los tiempos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Si no se habilita la feria judicial en enero, la resolución se postergará hasta febrero, manteniendo la medida activa durante todo el receso. La eventual habilitación de la feria se evaluará según la urgencia institucional del caso.
Mientras tanto, la discusión se traslada también al terreno político. Para el Gobierno, la apelación reafirma su postura firme sobre seguridad y orden público, mientras que los críticos del protocolo se preparan para una nueva etapa de la batalla judicial. La decisión final de la Cámara definirá no solo la vigencia del protocolo, sino también el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo frente a la protesta social.