Milei y su estrategia para frenar la ley de Emergencia en Discapacidad

La ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por el Congreso puso al Gobierno de Javier Milei en un escenario complicado. Desde la Casa Rosada buscan frenar la implementación completa de la norma hasta el próximo recambio legislativo, sin dar señales de que la oposición pueda marcar los límites del equilibrio fiscal del oficialismo.

El presidente habría asegurado en un encuentro privado: "Voy a defender el equilibrio fiscal en todas las instancias que haga falta". La ley, que se promulga automáticamente tras el rechazo al veto, obliga al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y actualizar nomencladores, algo que hasta el momento no se ha concretado.

Judicialización y reglamentación a medida

Fuentes cercanas al Gobierno confirman que se analiza judicializar la medida amparándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige especificar fuentes de financiamiento para cualquier gasto no previsto en el presupuesto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la ley genera un gasto adicional de 5.000 millones de dólares anuales y que aún evalúan cómo proceder.

En paralelo, algunos funcionarios consideran la posibilidad de reglamentar la norma de manera que resulte prácticamente inaplicable, mientras otros equipos, como el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya trabajan en su reglamentación formal. La estrategia oficial está liderada por el asesor presidencial Santiago Caputo, con apoyo judicial de Sebastián Amerio y la supervisión legal de María Ibarzábal.

Qué establece la ley y la presión del Congreso

La Emergencia en Discapacidad declara la situación hasta diciembre de 2027 y establece medidas para garantizar derechos como educación, salud, rehabilitación, protección social y empleo. Incluye financiamiento de Pensiones No Contributivas, fortalecimiento de la ANDIS y ajustes mensuales de aranceles según inflación, además de beneficios tributarios para prestadores.

La ley también redefine la discapacidad según la Convención Internacional, actualiza la certificación y compatibiliza la pensión con el empleo formal. Además, establece mecanismos de consulta obligatoria con personas con discapacidad y organizaciones, y obliga al Ejecutivo a informar al Congreso sobre la ejecución presupuestaria.

Ante la demora en la aplicación, organizaciones y prestadores evalúan acciones judiciales e incluso denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento. La diputada Victoria Tolosa Paz reclamó la restitución de pensiones suspendidas, mientras la comisión de Discapacidad del Congreso busca quitar al Ejecutivo el control de la ANDIS y transferirlo a un consejo con participación de provincias y sociedad civil.