Luego de lograr la aprobación de la Ley de Glaciares, el Gobierno nacional ha comenzado a reordenar sus prioridades en el Congreso de la Nación. Aunque todavía no existe un escalonamiento definitivo para el resto de las reformas en carpeta, en el Poder Ejecutivo admiten que la hoja de ruta quedará sellada tras una reunión clave de la mesa política en los próximos días. Por ahora, el foco principal está puesto en un tridente legislativo: la Ley Hojarasca, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el paquete de propiedad privada.

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En Balcarce 50 el debate más intenso gira en torno al tratado de patentes, un compromiso asumido en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Mientras un sector del oficialismo proponía reflotar un proyecto con media sanción del Senado que data de 1998, la postura que hoy se impone es la de enviar un texto actualizado. "Hay partes que quedaron obsoletas", reconocen en el entorno presidencial, por lo que se buscará introducir modificaciones en la Cámara de Diputados para luego ratificarlas en la Cámara Alta antes del 30 de abril, fecha límite fijada por la Oficina del Representante comercial estadounidense (USTR).

La carrera contra el tiempo por las patentes internacionales

Sin embargo, no todo el paquete legislativo llegará al recinto de forma inmediata. Si bien se prepara una nueva Ley de Salud Mental y la reforma del Código Penal, el Ejecutivo evita fijar plazos y admite que el orden final dependerá de la capacidad de negociación con sus aliados. En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que el debate por la Ley de Financiamiento Universitario está lejos de reactivarse, mientras que la Ley de Emergencia en Discapacidad permanece frenada hasta que se logre regularizar la crisis financiera que atraviesa el PAMI y los atrasos en los pagos denunciados por los prestadores del sistema de salud.

El fin de las PASO y un nuevo modelo electoral

La verdadera apuesta fuerte del oficialismo se conocerá la semana próxima con la presentación de una ambiciosa reforma política y electoral. Según fuentes oficiales, el proyecto incluirá la eliminación definitiva de las PASO, la derogación del financiamiento público para los partidos y la transición hacia un sistema de circunscripciones uninominales, similar al utilizado en los Estados Unidos y el Reino Unido. Con esta medida, el Gobierno busca no solo reducir el gasto político, sino también transformar de raíz la representatividad en las cámaras legislativas.

Para el resto del mes de abril, el cronograma se mantendrá ajustado a los temas de patentes y propiedad privada, dejando para una segunda etapa expedientes de alta complejidad. En esa lista de espera figuran leyes sensibles como la de Seguridad Nacional -que abarca defensa e inteligencia- y las reformas integrales de los códigos Aduanero y Civil y Comercial. Por ahora, el Ministerio de Salud y las áreas económicas concentran sus esfuerzos en las urgencias financieras, mientras la Casa Rosada intenta capitalizar el impulso político que le otorgó su reciente victoria parlamentaria.