El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aunque descarta tratarla durante las sesiones extraordinarias. Si bien había activado gestiones para llevar el proyecto esta semana a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la discusión se postergó y el oficialismo apunta a debatirla a partir de marzo.

Postergación y estrategia legislativa

La intención inicial de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión y llevarlo al recinto de inmediato, tras incluir su tratamiento en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, en el Ejecutivo reconocen que "no dan los tiempos" y aseguran que primero se avanzará en la conformación de la comisión. Aun así, afirman tener un piso de 131 votos, con respaldo de aliados y bloques dialoguistas como Provincias Unidas.

Cambios al esquema vigente

La iniciativa no deroga formalmente la ley actual -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que propone modificar el mecanismo de actualización automática. El nuevo texto plantea aumentos escalonados, cláusulas de revisión y una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos de 2025, con una evaluación en junio para ajustar posibles desfasajes con la inflación.

Negociaciones y frente judicial

En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para acercar posiciones sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria. Al mismo tiempo, el Ejecutivo apeló una cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente y busca cerrar el debate legislativo antes del inicio del ciclo lectivo para evitar una nueva escalada política y judicial.