En plena crisis por falta de gas, el Gobierno eliminó los precios de referencia para el gas licuado de petróleo (GLP) y desreguló por completo el mercado de garrafas. Según las autoridades y empresarios del sector, esta medida no debería generar aumentos, pero la realidad ya marca otra cosa: los precios treparon por encima de la inflación y una garrafa de 10 kilos ya cuesta entre $11.000 y $18.000, dependiendo la provincia.

"Se libera todo. Si cumplís con las condiciones de seguridad, podés operar", escribió el ministro Federico Sturzenegger para justificar la medida, que se aplicó justo antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. El Gobierno también quitó las restricciones para importar o exportar GLP, con el argumento de que ahora habrá más competencia. Sin embargo, muchas familias temen que eso no ocurra a tiempo para este invierno.

El bolsillo vulnerable, sin protección: subsidios que ya no alcanzan

Cerca del 40% de la población argentina no tiene acceso al gas por red, y ese número se agrava entre los sectores más pobres: más de la mitad de los hogares vulnerables dependen de la garrafa para cocinar o calefaccionarse. El Programa Hogar, que otorga subsidios directos, hoy solo cubre el 23% del costo total de una garrafa. En 2023, esa cobertura era del 80%.

Según Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas de Gas Licuado, los precios se movieron más por la ola polar y el aumento de la demanda que por la eliminación de los topes. Pero lo concreto es que, desde que se desreguló el precio de origen en enero, el costo de una garrafa subió más que la inflación. El Gobierno, sin embargo, asegura que el sistema de precios de referencia "actuaba como un piso, no como un techo".

En paralelo, las empresas de distribución siguen sin extender las redes de gas natural a zonas periféricas, donde la garrafa sigue siendo la única opción. Mientras tanto, en Loma Hermosa y otros puntos del conurbano, vendedores aseguran que los precios no se moverán, al menos "por ahora".