La Caja Popular de Ahorros de Tucumán destapó un fraude que generó un perjuicio económico estimado en $5.654.401.896. El abogado de la institución, Juan Manuel Bernal, advirtió que todavía quedan expedientes bajo análisis, por lo que la cifra podría aumentar hasta un 24 por ciento más.

La causa está radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, bajo la órbita del fiscal Carlos Saltor, y lleva el nombre "Díaz José César s/ su denuncia - Damnificado Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán".

Cómo operaban los responsables

Según la investigación, el fraude se apoyaba en la presentación de juicios de amparo con información falsa para acceder a indemnizaciones indebidas. Los empleadores implicados modificaban fechas de trabajo y hasta causas de muerte para simular que los fallecimientos estaban vinculados a siniestros laborales.

En muchos casos, las denuncias se presentaban uno o dos años después de los hechos, lo que impedía a la Caja cumplir con las prestaciones legales en tiempo y forma.

Un mismo estudio de abogados en la mira

Uno de los aspectos más llamativos es que más de 70 expedientes sospechosos fueron patrocinados por el mismo bufete de abogados: Campero-Sandoval-Pérez Lucena.

Las pericias caligráficas comprobaron que gran parte de los formularios fueron rellenados por una sola persona. Además, se detectó la falsificación de firmas, certificados de Covid-19 y denuncias, en algunos casos con firmantes que negaron haber participado en esos trámites.

Qué sigue en la investigación

Con las pruebas reunidas, la Caja Popular continúa ampliando la pesquisa para determinar la responsabilidad penal de los involucrados y recuperar parte de los fondos defraudados. La magnitud del caso lo posiciona como uno de los mayores escándalos financieros recientes en la provincia.