Joël Le Scouarnec, un cirujano jubilado de 74 años, fue condenado este miércoles 28 de mayo a 20 años de cárcel por la violación y agresión sexual de al menos 299 pacientes, de los cuales 256 eran menores de 15 años. Los hechos ocurrieron entre 1989 y 2014 en distintos hospitales del oeste de Francia, donde el médico aprovechaba su posición y la vulnerabilidad de sus víctimas, muchas veces anestesiadas, para cometer los abusos.

El tribunal penal de Morbihan ordenó que cumpla al menos dos tercios de la pena antes de poder optar por la libertad. Se trata del caso más grave de pedocriminalidad que ha llegado a juicio en el país.

Le Scouarnec ya había sido condenado en 2020 a 15 años de prisión por violar a cuatro menores, incluidas dos sobrinas. Sin embargo, este nuevo fallo marca un punto de inflexión por la magnitud de los crímenes confesados.

Impunidad médica y fallas institucionales

A pesar de haber sido condenado en 2005 por posesión de pornografía infantil, Le Scouarnec continuó ejerciendo en hospitales públicos sin restricciones. Ni las autoridades sanitarias ni el sistema judicial impidieron que siguiera teniendo contacto con menores, lo que permitió la repetición de sus delitos durante más de dos décadas.

El fiscal Stéphane Kellenberger apuntó directamente a esta cadena de negligencias: "¿Debería Le Scouarnec haber sido el único en el banquillo de los acusados?". Las víctimas y sus familias denuncian que las instituciones médicas y judiciales fallaron estrepitosamente en protegerlas.

Durante el juicio, el acusado confesó haber abusado incluso de su propia nieta, hecho que conmocionó a la sala. Las víctimas y sus defensores han criticado que el proceso judicial, pese a su magnitud, no haya generado cambios estructurales en el sistema de salud ni en la legislación.

Un testimonio impactante y una deuda con las víctimas

"Soy consciente de que el daño que he causado es irreparable", admitió Le Scouarnec al iniciar el juicio. Con esas palabras, el cirujano reconoció todos los abusos, incluso algunos ya prescriptos. Unos 60 abogados representaron a las 299 partes civiles que se presentaron como víctimas en el proceso.

Organizaciones de derechos humanos exigen ahora reformas profundas para evitar que casos como este se repitan. Mientras tanto, la sociedad francesa enfrenta las duras consecuencias de haber ignorado durante años las señales de uno de los peores depredadores sexuales del país.