FOPEA repudió la "Oficina de Respuesta Oficial" y advirtió riesgos para la libertad de expresión
El Foro de Periodismo Argentino expresó su rechazo a la creación de una cuenta oficial destinada a "desmentir mentiras" y alertó sobre el peligro de que el Estado se arrogue el rol de árbitro de la verdad.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su fuerte preocupación por la creación de la llamada "Oficina de Respuesta Oficial", una cuenta en la red social X impulsada desde la Presidencia con el objetivo declarado de refutar información falsa y exponer supuestas operaciones mediáticas.
Para la entidad, esta iniciativa avanza sobre un terreno delicado: la posibilidad de que el Gobierno intente fijar una "verdad oficial" desde una posición de poder, algo que consideran incompatible con una sociedad democrática.
El periodismo no impone dogmas
Desde FOPEA recordaron que el periodismo profesional se apoya en el chequeo, la diversidad de fuentes y el rigor informativo, tal como lo establece su Código de Ética. En ese marco, remarcaron que la tarea periodística no consiste en imponer verdades absolutas, sino en ofrecer información verificada para que la ciudadanía forme su propia opinión.
Según la organización, cuando el Estado busca definir qué es verdadero y qué no, se desdibuja el debate público y se tensiona la libertad de expresión.
Uso de recursos públicos y señalamiento al disenso
Otro de los puntos que generó mayor inquietud es que la iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. FOPEA advirtió que esto implica el uso de estructuras y recursos públicos para monitorear, señalar o estigmatizar voces críticas, incluidos periodistas y medios.
La entidad consideró grave que el Estado adopte un rol de fiscal del discurso público, en lugar de garantizar condiciones para el acceso a la información.
Menos acceso a la información, más control del discurso
El rechazo se da, además, en un contexto que FOPEA describió como preocupante: dificultades para acceder a fuentes oficiales, cambios por decreto en la Ley de Acceso a la Información Pública, falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial activa.
Para la organización, este escenario refuerza la contradicción entre el control del discurso y la falta de políticas que promuevan la transparencia.
Un llamado a proteger el debate democrático
Con más de dos décadas de trayectoria, FOPEA recordó que ya cuestionó iniciativas similares en otros gobiernos. El planteo se mantiene: el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, no auditar opiniones ni condicionar el debate público.