FOPEA advierte por posible derogación del Estatuto del Periodista y sus riesgos
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación ante el tratamiento legislativo que busca eliminar la Ley 12.908, clave para garantizar derechos y estabilidad profesional de los periodistas. La organización reclama modernizarla, no eliminarla.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Patricia Bullrich, y a otros referentes legislativos, expresando su preocupación por la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908).
La organización sostiene que eliminar la ley -en lugar de actualizarla- sería un error que afectaría la independencia, estabilidad y calidad del ejercicio periodístico en el país.
Derechos laborales y libertad de expresión en riesgo
FOPEA destacó que la Ley 12.908 no solo protege derechos laborales, sino también principios esenciales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Entre los puntos clave citados:
Principio de progresividad: La derogación podría vulnerar el principio constitucional de no regresión en derechos fundamentales, reconocido por la Corte Suprema en casos como "Milone".
Protección de fuentes: La ley garantiza el libre tránsito y acceso a fuentes informativas, respaldado por fallos como "Monzón, Florencio" de 1995.
Indemnización agravada: La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la indemnización especial prevista para periodistas, esencial para su estabilidad laboral (fallo "Roca, Mario c/Análisis SA").
Eliminar estas protecciones podría generar un impacto directo en la libertad de prensa y en la calidad informativa.
Consecuencias de una derogación y propuesta de FOPEA
FOPEA advirtió sobre cuatro riesgos principales ante la eliminación del Estatuto:
Pérdida de identidad profesional: Se eliminarían incumbencias y la definición deontológica del periodista.
Fragmentación federal: Podría generarse un sistema desigual, con profesionales de primera y segunda según la región y condiciones legales.
Debilitamiento de la protección de fuentes: La ausencia de indemnización agravada y peores condiciones laborales podrían fomentar la autocensura.
Disminución de la calidad informativa: Sin una ley de referencia, aumenta el riesgo de contenidos sin rigor ni responsabilidad editorial.