El Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, solicitó formalmente ser aceptado como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada con la muerte de 53 pacientes en hospitales y clínicas. La presentación fue realizada ante el juzgado federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y busca aportar recursos técnicos y documentación clave para esclarecer los hechos.

La solicitud se ampara en el "interés legítimo del Estado Nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública". Sin embargo, el magistrado aún no definió si aceptará al Ministerio como parte querellante, ya que la ANMAT -organismo bajo su órbita- es quien debía controlar la calidad del medicamento y a las empresas responsables de su elaboración.

HLB Pharma en la mira: irregularidades, muertes y vínculos familiares

El foco de la causa está puesto en el laboratorio HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo, Laboratorios Ramallo. Ambos registran más de 260 expedientes en la ANMAT, con 117 vinculados a desvíos de calidad que generaron 133 alertas sanitarias. La sustancia cuestionada es el fentanilo inyectable del lote 31202, contaminado con bacterias peligrosas, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Detrás de estas firmas aparece Ariel García Furfaro, exsocio de Víctor Santa María, con vínculos políticos y familiares en la empresa: su madre, su abuela y su hermano figuran como autoridades en los registros oficiales. La madre incluso presentó un escrito ante la Justicia como expresidenta de los laboratorios, alegando una campaña de desprestigio y defendiendo los controles realizados por la ANMAT.

Vandalismo, desaparición de documentos y sospechas en los laboratorios

A pocos días de que se conocieran las primeras muertes, las instalaciones de HLB Pharma en San Isidro fueron vandalizadas. Empleados hallaron documentación desparramada, grafitis en las paredes y bolsas con papeles listos para ser desechados. El hecho fue denunciado como robo, pero los propios responsables de la empresa se encargaron de desactivar la causa.

Testigos anónimos también aseguran que camiones de la empresa agropecuaria vinculada a García Furfaro -3Arroyos- se llevaron documentación y medicamentos antes de los allanamientos. Esto generó nuevas sospechas sobre una posible destrucción de pruebas clave, como el batch récord, el documento que detalla cada paso del proceso de fabricación del medicamento.

El juez Kreplak espera ahora informes del Cuerpo Médico Forense para determinar si hubo fallas en los controles de calidad y negligencia en la producción. La investigación avanza y podría tener implicancias penales para directivos y técnicos responsables.