La Comisión especial investigadora por el caso de fentanilo contaminado retomará este miércoles su actividad en Diputados, pero nuevamente sin la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, quien volvió a eludir la citación.

Aunque el titular de la cartera sanitaria no asistirá, sí lo harán funcionarios de la ANMAT, organismo central en el control y trazabilidad del medicamento adulterado que provocó la mayor tragedia sanitaria en décadas.

La comisión es presidida por Mónica Fein y cuenta con las vicepresidencias de Silvana Giudici (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP). Las legisladoras impulsan una investigación parlamentaria complementaria a la que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, quien ya recibió a los diputados en su juzgado y la semana pasada se presentó en el Congreso para brindar precisiones a legisladores y familiares.

Giudici confirmó a TN que todos los organismos públicos respondieron los requerimientos, salvo el gobierno de Formosa. Y fue contundente: "La conclusión a la que estamos arribando es que la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y en los contactos políticos que lo protegieron durante los gobiernos anteriores".

Durante su exposición en Diputados, el juez Kreplak detalló que el primer paso de la causa fue identificar qué centros de salud habían adquirido las ampollas adulteradas.
"Reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino", advirtió.

El magistrado confirmó que se peritaron siete lotes, se descartaron cinco y se verificó adulteración en dos, uno de los cuales no habría llegado a aplicarse a pacientes.
También explicó que durante la feria judicial continuarán trabajando en la revisión de historias clínicas y consolidación de información para, después de ese período, definir la cantidad final de víctimas fatales y no fatales.

El juez anticipó que, si la Cámara convalida el avance del expediente, podría elevar la causa a juicio a mediados del próximo año.

La Justicia investiga no solo el desvío de calidad, sino también presuntos delitos de contrabando, desvío de cantidad y posible protección política que habría permitido el funcionamiento de tres laboratorios durante una década.

Qué piden los familiares: trazabilidad digital, controles estrictos y leyes más duras

Desde el inicio, la comisión invitó a los familiares de las víctimas a participar de las reuniones. En los últimos encuentros presentaron una serie de propuestas clave, entre ellas:

Trazabilidad digital integral para fentanilo y opioides sintéticos.

Registro individual de cada unidad desde su producción hasta su administración.

Obligación de droguerías, laboratorios y hospitales de informar cada movimiento en tiempo real.

Interconexión de historias clínicas electrónicas con la trazabilidad de medicamentos.

Digitalización obligatoria del sistema, reemplazando formularios físicos por una plataforma interoperable.

Paralelamente, familiares convocaron a una audiencia en la Cámara de Diputados de Santa Fe para continuar impulsando leyes más estrictas y protocolos que eviten nuevas adulteraciones.

La tragedia del fentanilo adulterado dejó 173 muertes en hospitales de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Las ampollas contaminadas procedían de Laboratorios HLB Pharma Group SA y se distribuyeron a través de Droguería Ramallo SA.

Los responsables de ambas empresas -Ariel García Fulfaro y Javier Tchukran- continúan detenidos. El Ministerio de Salud actúa como querellante y la ANMAT ordenó el recupero total de los lotes adulterados.