Femicidio Érika Álvarez

Crónica de una muerte evitable: el entramado de poder y negligencia

La periodista Carolina Fernández, en una investigación difundida por Splendid NA y por Las 12 -suplemento feminista de Página 12-, reconstruyó el femicidio de Erika Antonela Álvarez como el desenlace trágico de una cadena de omisiones judiciales, fallos previos y vínculos de poder que, lejos de prevenir la violencia, la habilitaron.

Fernández -periodista de Página 12 y América 24- sostiene que Érika Álvarez no solo fue víctima de su asesino, sino de un sistema que permitió que un hombre con antecedentes graves siguiera en libertad hasta consumar el crimen.

El hallazgo: un femicidio marcado por el ensañamiento

Según la reconstrucción periodística, el cuerpo de Erika fue hallado en un basural en condiciones que evidencian una violencia extrema. Fue golpeada brutalmente, con fracturas en la mandíbula y en tres vértebras, utilizando técnicas propias de artes marciales. Su cuerpo apareció desnudo, atado con sogas "como una mochila", envuelto en bolsas de consorcio.

Fernández remarca que Erika era una joven de origen humilde, atravesada por un consumo problemático de cocaína, una situación de vulnerabilidad que -según los testimonios- fue aprovechada por quienes la rodeaban.

Felipe Sosa, un acusado con causas cerradas

El principal sospechoso del crimen es Felipe Sosa, conocido como "El Militar". La investigación periodística revela que Sosa ya había sido beneficiado por dos sobreseimientos judiciales previos.

En una causa por narcotráfico, se le secuestraron 162 plantas de marihuana, frascos y balanzas, pero fue sobreseído por el juez federal Díaz Vélez bajo el argumento de que el cultivo era para uso medicinal. En otra causa, por violencia de género, su exesposa Florencia López Osa denunció amenazas de muerte y el envío de "matones". A pesar de un testimonio que advertía sobre su peligrosidad, el juez Alejandro Valeros también lo sobreseyó meses antes del asesinato de Erika.

Para Fernández, esas decisiones no fueron neutras: fueron determinantes.

El vínculo con el poder judicial

Uno de los ejes más sensibles de la investigación apunta a la pareja de Sosa, Justina Gordillo, prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. De acuerdo con los testimonios de Milena y Mayra, hermanas de la víctima, Erika participaba de encuentros sexuales con Sosa y Gordillo en fiestas donde abundaba el consumo de drogas.

La periodista se pregunta por qué la investigación no avanzó sobre el rol de Gordillo, dónde se encontraba la noche del crimen y si su cargo judicial influyó en el clima de impunidad que rodea la causa.

Homicidio simple: la decisión que reduce la pena

Otro punto central de la investigación es la calificación legal del caso. El Ministerio Público Fiscal, con el aval del abogado querellante Carlos Garmendia, caratuló la causa como homicidio simple.

Fernández subraya que esta decisión reduce la pena posible en hasta 27 años respecto de la figura de femicidio. Para la periodista, el ensañamiento, la violencia extrema y la relación de poder preexistente configuran claramente un femicidio, y tratarlo como homicidio simple constituye una maniobra técnica que termina beneficiando al acusado.

Las voces que advirtieron y no fueron escuchadas

El relato de las hermanas de Erika aporta una dimensión humana al caso. Milena contó que la familia comenzó a alarmarse cuando notaron que faltaban las sandalias y el cargador del celular de Erika, objetos que ella usaba cuando iba a la casa de Sosa. El estado del cuerpo obligó a velarla a cajón cerrado. Erika estudiaba enfermería y soñaba con emprender un pequeño negocio de donas para salir adelante.

La exesposa de Sosa, Florencia López Osa, había advertido al juez sobre el riesgo: habló de amenazas, persecuciones, matones y miedo constante. "¿Qué tengo que esperar, que me mate a mí o a alguien de mi familia?", preguntó en audiencia. La justicia no actuó.

Un patrón que se repite

En su conclusión, Carolina Fernández vincula el caso con otros antecedentes de violencia extrema en Tucumán, como el de Paola Tacacho, donde la inacción judicial también precedió a la tragedia.

Para la periodista, el femicidio de Erika Álvarez expone una justicia que trata las denuncias de las mujeres como un trámite incómodo o un gasto innecesario, mientras los victimarios se mueven protegidos por fallos previos, vínculos y silencios institucionales.

Una muerte que, según la investigación, no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que se tomaron -y de otras que nunca se tomaron- a tiempo.

Fuente: investigación difundida por Splendid NA y por Las 12, suplemento feminista de Página 12.

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