Una denuncia por presuntos cohecho, extorsión y armado de causas contra el jefe de la comisaría de Famaillá derivó en un allanamiento que reveló una gran cantidad de pruebas. Entre ellas, más de $8 millones en efectivo encontrados en su vivienda.

El caso se remonta al 6 de noviembre de 2024, cuando un grupo de policías irrumpió sin exhibir orden judicial en una casa del barrio Nueva Baviera. Según la denunciante, los uniformados la obligaron a salir al patio con su familia mientras dentro de la vivienda quedaban su pareja y sus hijos menores bajo fuerte presión policial.

La mujer relató que uno de los efectivos manipuló un envoltorio dentro del baño, lo que generó sospechas de que estaban "plantando algo". Aunque los agentes aseguraban buscar a un tal "Pañal", sospechoso de hurto simple, los registros oficiales demostraron más tarde que ese operativo no tenía relación con la detención del imputado, quien fue arrestado en otro domicilio.

La denunciante señaló que los policías buscaban perfumes Natura y un termo Stanley rosa, pero el episodio tomó otro rumbo cuando el comisario a cargo le exigió $5 millones para no complicar a su pareja, que cumplía prisión domiciliaria por una causa de estupefacientes. Según la acusación, el jefe policial redujo luego la "exigencia" a $3 millones y llegó a insinuar que su pareja debía "vender droga para él".

La mujer aseguró que logró reunir parte del dinero y se lo entregó directamente al comisario. Según su testimonio, una abogada revisó su vehículo para verificar la entrega y observó cómo el jefe policial ocultaba la caja con la suma entre sus ropas. En ese mismo momento, la denunciante advirtió que su arma registrada, una Firestorm 380, había desaparecido.

Días después, relató una nueva entrega en la vía pública, esta vez con un testigo que logró filmar parte del encuentro. La fiscala Mónica García de Targa incorporó al expediente videos, audios, capturas de pantalla y registros electrónicos que muestran movimientos policiales, instrucciones de la abogada y fragmentos en los que la denunciante señala directamente al comisario como responsable.

Un año después, el expediente llegó al juez Mario Velázquez, quien antes de evaluar la prueba advirtió que la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar fiscal, recordando que la Constitución provincial prohíbe delegar atribuciones. Dejó constancia institucional, pero aclaró que esto no implicaba objeción al contenido.

Tras analizar las evidencias, Velázquez concluyó que existían indicios suficientes de delito y autorizó un allanamiento amplio en la vivienda del acusado para secuestrar dispositivos electrónicos, documentación, vehículos y la pistola denunciada como sustraída.

El allanamiento y el avance de la investigación

El procedimiento se llevó a cabo en Concepción con intervención de la Policía Federal. Los agentes secuestraron dos notebooks, cinco teléfonos, un CPU LG, 12 pendrives, un DVR y más de $8 millones en efectivo. La pistola Firestorm 380, sin embargo, no apareció.

Además, el juez ordenó a WhatsApp Inc. la entrega de un caudal masivo de información asociada al usuario del comisario, incluyendo registros de mensajes, direcciones IP utilizadas para el inicio y cierre de sesión y metadatos de actividad. Todo el material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis.

La investigación continúa bajo la hipótesis de una red de corrupción policial que podría alcanzar a otros integrantes de la comisaría. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad de la provincia no emitió declaraciones públicas sobre el caso.