La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes si Argentina deberá entregar el 51% de las acciones que posee en YPF o si podrá continuar con la apelación sin desprenderse de su participación en la petrolera. El fallo definirá si se suspende -o no- la medida ordenada por la jueza Loretta Preska, en un litigio que ya acumula más de una década.

El caso se originó en la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En primera instancia, Preska condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones, cifra que con intereses asciende a USD 18.000 millones.

La presión de Burford Capital

El fondo de inversión Burford Capital, que compró los derechos del litigio, busca que se cumpla la entrega inmediata de las acciones y acusa al Estado de actuar como "alter ego" de la petrolera. La estrategia incluye pedidos de acceso a documentos y comunicaciones de exministros de Economía, así como presionar por sanciones si no se acata el fallo.

Entre las posibles consecuencias de un desacato figuran trabas para emitir deuda, pérdida de confianza de inversores y hasta restricciones para funcionarios argentinos en territorio estadounidense.

Los tres escenarios posibles

La Corte de Apelaciones podría:

Rechazar la suspensión y confirmar la entrega de acciones.

Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta.

Conceder la suspensión plena hasta septiembre, cuando se resolverá la apelación de fondo.

Si la decisión es adversa (opciones 1 o 2), el gobierno de Javier Milei planea acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque no es habitual que ese tribunal tome este tipo de casos.

Un fallo favorable (opción 3) daría aire a la Argentina por al menos dos meses más, postergando el desenlace de uno de los juicios más costosos de su historia reciente.