Los dueños de Logischem S.A., la empresa que explotó en el polo industrial de Ezeiza y provocó un incendio que también destruyó los depósitos de Iron Mountain, están bajo investigación federal por presunta defraudación a YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), la minera interestatal integrada por el Gobierno nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán.

Aunque en un primer momento los 22 imputados habían sido sobreseídos, la Cámara Federal revocó ese fallo y ordenó profundizar la pesquisa. Entre los principales sospechosos figuran los empresarios Pablo Celhabe y Horacio Fiz, acusados de participar en maniobras vinculadas a la venta de oro con precios privilegiados y a presuntos sobreprecios en la compra de insumos críticos para la actividad minera.

Según la investigación, algunas empresas recibían información anticipada y precios menores a los del mercado para la adquisición de lingotes de oro, lo que habría generado un circuito paralelo de beneficios privados. A esto se suma una operatoria irregular en la compra de cianuro de sodio, insumo esencial para la extracción aurífera.

Sobreprecios del 200% y licitaciones repetidas: las maniobras bajo la lupa

Logischem es una de las tres empresas sospechadas de haber cobrado hasta un 200% de sobreprecio por el suministro de cianuro de sodio a YMAD. El fallo firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah detalla que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analizó 20 expedientes de compras tramitadas entre 2014 y 2016 y concluyó que se utilizó un mecanismo de "desdoblamiento" para evitar llamados a licitación pública.

En lugar de una licitación abierta, YMAD realizaba concursos privados cada 40 días. Las tres firmas convocadas eran siempre las mismas: Volpor, Heat Sales y Logischem. Ese patrón repetido hizo sospechar a los investigadores que las empresas "pescaban en la misma pecera", según la expresión utilizada en el expediente.

La minera produce alrededor de 65 kilos de oro mensuales en su yacimiento de Farallón Negro, Catamarca, que luego exporta a Suiza. Su directorio está compuesto por cinco miembros: uno del Gobierno nacional, dos de Catamarca y dos de la Universidad de Tucumán.

En ese marco, el ex rector de la Universidad -también imputado en la causa- Juan Alberto Cerisola fue condenado en Tucumán a tres años y medio de prisión por malversación de fondos vinculados justamente a la participación de la institución en YMAD.

Disputas políticas por el control de YMAD y la nueva investigación tras la explosión

Aunque el Gobierno de Javier Milei incluyó a YMAD en el paquete de privatizaciones de la Ley Bases, la minera continúa siendo empresa pública. Su actual presidente, Juan Pablo Limodio -ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires impulsado al cargo por el Ministerio de Economía- podría ser reemplazado en el marco de las negociaciones entre la Nación y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Jalil reclama que el Estado nacional se retire de YMAD para que la provincia asuma el control pleno. Su hermano, Fernando Jalil, y Ángel Mercado (ex pareja de la senadora y ex gobernadora Lucía Corpacci) ya integran el directorio.

En paralelo, YMAD sigue recibiendo oficios de Comodoro Py que requieren documentación sobre las licitaciones bajo sospecha. Mientras tanto, Logischem enfrenta además la investigación por la explosión de su planta en Ezeiza, donde, según testimonios, los empleados nuevos recibían una instrucción tan informal como peligrosa para manipular químicos: "Los pescaditos tachados por un lado y las calaveras por el otro".