Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, fue denunciado formalmente en la Justicia argentina por una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La presentación judicial fue realizada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) junto con otras organizaciones, bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar este tipo de delitos aunque hayan ocurrido fuera del territorio nacional.

La denuncia fue revelada por la periodista Carolina Amoroso en el programa Infobae en Vivo, donde se expuso que, debido a la falta de independencia del sistema judicial boliviano, se reclama la intervención de tribunales argentinos para garantizar justicia a las víctimas.

Casos emblemáticos de represión y abuso bajo el gobierno de Morales

Entre los casos citados en la denuncia se destacan el "Caso Terrorismo 1", en el que se acusó sin pruebas a ciudadanos de integrar una célula separatista. Algunos fueron encarcelados sin el debido proceso, otros huyeron al exilio, y muchos vivieron en condiciones precarias durante años hasta ser finalmente absueltos en 2020.

Otro caso fue el de Dirk Schmidt, ciudadano alemán que vivía en Bolivia y fue arrestado tras un allanamiento sin orden judicial. Pasó más de dos años preso bajo condiciones inhumanas por tener armas deportivas legales, hasta ser absuelto en 2014.

Denuncias internas silenciadas

El ex funcionario Marco Antonio Aramayo, quien expuso irregularidades en el manejo del Fondo Indígena (Fondioc), enfrentó 256 causas judiciales en todo el país, fue encarcelado y murió tras años de hostigamiento. El caso refleja cómo el aparato judicial habría sido utilizado como herramienta de represión política.

También se incluye el caso de Alberto Leopoldo Díez Luque, detenido en 2017 por una sustancia confundida con droga, lo que derivó en maltratos antes de comprobarse su inocencia.

También es investigado por abuso sexual de menores

A la denuncia por crímenes de lesa humanidad, se suma otro expediente que recientemente fue reactivado por la Cámara Federal argentina. Morales está acusado de abuso sexual de menores y trata de personas, por hechos ocurridos durante su estadía en Buenos Aires tras dejar el poder en 2019. Según uno de los testimonios, habría recibido "niñas como obsequios" por parte de personas que buscaban favores políticos.

Un precedente: la denuncia contra el régimen de Ortega

Este no es el único caso donde la Justicia argentina actúa bajo el principio de jurisdicción universal. También se tramita una causa contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, máximas autoridades de Nicaragua, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La denuncia fue impulsada por el abogado Darío Richarte junto a un grupo de estudiantes de la UBA, en un proceso que ya derivó en órdenes de captura internacional.