El comisario que vendió su placa

La Justicia investiga a Leonardo Ezequiel Ponte Wisto (37), un comisario y abogado de la Policía Bonaerense, por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes. Ponte Wisto, quien trabajaba en la Planta de Verificación Policial del Automotor de Ezeiza, está acusado de avisarle a Marta Mitrovich, una mujer de la comunidad gitana prófuga por una estafa de 14 millones de pesos, que su domicilio iba a ser allanado. La filtración habría permitido que la mujer huyera poco antes del procedimiento policial en Castelar, donde se ocultaba en la casa de su hijastro, un ex futbolista.

La estafa y la tragedia

El caso que originó la búsqueda de Mitrovich ocurrió en enero de 2026. La mujer, junto a otras dos familiares, engañó a Merlín Díaz Silva, una joven de 30 años dueña de un centro de estética, haciéndole creer que tenía "una maldición". De esta manera, lograron robarle los ahorros de toda su vida y cambiárselos por dinero falso. Al descubrir el engaño, la víctima entró en crisis y se quitó la vida. Las tres estafadoras huyeron con el dinero. La investigación para localizarlas estaba a cargo de la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora.

La trama de encubrimiento e investigación

Los investigadores determinaron que Ponte Wisto, ajeno a la investigación de la estafa, se habría reunido con el hijastro de Mitrovich un día antes del allanamiento. Se cree que en ese encuentro se filtró la información del procedimiento a cambio de dinero. Durante un allanamiento en la casa de Ponte Wisto, se encontraron 50 mil dólares, 20 millones de pesos, camionetas de alta gama y otros elementos de valor, incompatibles con sus ingresos declarados. Aunque inicialmente fue detenido, el comisario fue excarcelado por no tener antecedentes, pero sigue imputado. La Justicia busca determinar quién le informó sobre el allanamiento.

El reclamo de justicia

Alexander Díaz Silva, hermano de la víctima, cerro el negocio de su hermana y vendió sus cosas para pagar el alquiler. Lleva adelante el reclamo de justicia por la muerte de su hermana y espera que "las leyes cambien" para que no haya otras víctimas. "Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero vamos a seguir pidiendo justicia por mi hermana", afirmó. A pesar de la relación directa, según el Código Penal las imputadas no podrán ser acusadas por el fallecimiento de Merlín. La pena que podrían recibir sería de entre 1 a 6 años, y en muchos casos, este tipo de delitos se resuelven con penas de prisión en suspenso.