La situación de los policías retirados en Tucumán ha llegado a un punto crítico. Alberto Ponce, representante de la Agrupación de Policías Retirados "Nueva Opción", visitó la redacción de Enterate Noticias (acompañado por el Comisario General (r) Carlos Espíndola) para denunciar un esquema de demoras sistemáticas que afecta a unos 9.200 jubilados de la fuerza y del servicio penitenciario. 

De 60 a 180 días: la brecha de la polémica

De acuerdo a lo consignado por los efectivos retirados,  el marco legal vigente establece que los incrementos salariales otorgados al personal en actividad deben impactar en los haberes de los retirados a los 60 días, como máximo. Sin embargo, Ponce denunció que en la actualidad los plazos se han extendido de forma injustificada, alcanzando demoras de entre 150 y 180 días. "La casa no está en orden. El gobierno especula con nuestras muertes para no pagar los aumentos", sentenció Ponce con dureza, remarcando la vulnerabilidad de un sector que, en muchos casos, depende exclusivamente de estos haberes para subsistir. 

Graves acusaciones penales contra el Gobierno 

Para la agrupación "Nueva Opción", no se trata simplemente de una demora administrativa, sino de una serie de delitos que deberían ser investigados por la Justicia. Ponce señaló tres figuras penales en las que incurriría el Ejecutivo provincial al pagar fuera de término y sin aplicar los intereses correspondientes por la mora: Retención indebida de aportes; violación de los deberes de funcionario público; y abandono de persona. 

Asimismo, el jubilado cuestionó la inacción judicial ante un perjuicio tan evidente: "¿Por qué ni la Justicia Federal ni la Provincial actuaron de oficio?", se preguntó, rechazando el argumento recurrente de que la competencia recae únicamente en la ANSES por ser un organismo nacional.

Trámites eternos: el drama de las pensiones 

La denuncia también puso el foco en la Unidad de Trámite Previsional que funciona en la Jefatura de Policía, a cargo del comisario Rubén Melián. Según Ponce, el servicio es ineficiente y burocrático, afectando la celeridad de las pensiones. 

Como ejemplo del "calvario administrativo", citó el caso de María Inés Arrieta, vecina de Famaillá. Su esposo falleció el 13 de octubre de 2025 y, tras siete meses de gestiones, todavía no ha logrado cobrar el beneficio. "Recién ahora le piden la digitalización del acta de matrimonio y de defunción, cuando lleva meses esperando", explicó Ponce, evidenciando la falta de empatía y modernización del sistema. La agrupación comenzó una serie de protestas en Plaza Independencia para visibilizar su reclamo