En la localidad de Las Cejas, departamento Cruz Alta, varios ex empleados comunales denunciaron a la comisionada Cristina Mabel Contreras, acusándola de quedarse con parte de sus salarios y beneficios.

Según los testimonios, la funcionaria retenía las tarjetas de cobro de los trabajadores y se quedaba con hasta el 70% de los ingresos. Los vecinos comparan la situación con el caso "Chocolate", el escándalo que sacudió la Legislatura bonaerense en 2023.

Mónica Risso, de 53 años, afirmó que cobraba solo una fracción de su sueldo: "Mi salario era de casi $15.000, pero me entregaban $3.000. Las tarjetas quedaban en poder de la comisionada, que retiraba el dinero en el banco y nos pagaba en su casa". Además, denunció que su contrato y el de familiares fueron dados de baja al reclamar el pago de su aguinaldo, lo que la obligó a abandonar el pueblo por temor.

Otros testimonios y beneficios retenidos

Guillermo Medina, ex jefe de Personal entre 2015 y 2022, confirmó que los pagos se realizaban en el domicilio de Contreras y que terminó despedido por cuestiones políticas.

Por su parte, Martín Mercedes Medina, de 64 años, acusó a la funcionaria de quedarse con un beneficio por Entierro y Luto de $140.000, correspondiente tras la muerte de su esposa, empleada administrativa de la comuna en 2020.

Los denunciantes sostienen que la maniobra afectó a otros empleados, muchos de los cuales temen hablar por represalias. La comuna se encuentra actualmente bajo intervención administrativa, y se espera que la provincia y la justicia avancen con las investigaciones.

Reacción de Cristina Contreras

La delegada rechazó las acusaciones y denunció ser víctima de una persecución política por parte del dirigente local Ariel Figueroa y el ex subsecretario operativo de Transporte, Enrique Romero.

"Estas denuncias aparecen siempre en época electoral. Están inducidas y pagadas por mis adversarios. Por escribano público está demostrado que todo es falso", sostuvo Contreras. Afirmó que autoridades provinciales intervinieron en el municipio y que ella se encuentra a disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro del Interior Darío Monteros.

La comisionada también denunció seguimientos y hostigamiento, con autos que la persiguen y fotografías tomadas en lugares que frecuenta: "Esto es político, yo me dedico a trabajar".