Escándalo en la Policía: se conocieron nuevos detalles del caso de presos que trabajaban en el Cadillal
La investigación contra el ex jefe de la URN, Gustavo Beltrán, suma capítulos inesperados. La causa expone una red de favores, complicidades policiales y maniobras irregulares con detenidos que trabajaban en su casa de fin de semana en El Cadillal.
La fiscal Mariana Rivadeneira sostiene que Beltrán habría armado un esquema clandestino para utilizar a presos condenados -por delitos sexuales- y a policías bajo su mando en tareas de albañilería en su vivienda de El Cadillal. Para lograrlo, habría recurrido a móviles oficiales, órdenes internas y la colaboración de otros funcionarios que facilitaron cada movimiento.
Según la acusación, el plan incluía sacar a los presos de sus comisarías sin aval judicial y trasladarlos discretamente para trabajar de lunes a viernes en la obra. Solo los fines de semana volvían a sus lugares de detención. Para los reclusos, no habría habido remuneración: aceptar el trabajo significaba evitar su traslado a unidades penitenciarias y sostener un régimen de semilibertad.
"Un nivel así de impunidad no se logra sin complicidades", remarcó Rivadeneira durante la audiencia. La sospecha de posibles vejaciones aún se encuentra bajo análisis.
Policías involucrados y roles en la maniobra
Dos sargentos de la URN aparecen como piezas clave: Luis Trejo, experto en mantenimiento, y Osvaldo Teseira, chofer personal de Beltrán. Ambos deberían haber estado en servicio al momento de ser detenidos y habrían cobrado un extra por asistir a la obra.
La fiscala reveló un dato llamativo: personas se presentaron en la fiscalía reclamando herramientas secuestradas, afirmando que las retiraban en móviles policiales junto a los presos para continuar trabajando.
Pero la red sería más amplia. Además de Beltrán y su segundo, Sergio Juárez -investigado por omisión de denuncia-, hay al menos ocho efectivos bajo la lupa: jefes de Infantería, jefes de zona, personal administrativo y otros comisarios de alto rango que habrían omitido controles esenciales. Todos fueron pasados a disponibilidad.
La polémica por los terrenos y la reacción política
La propiedad donde trabajaban los detenidos también quedó en el centro de la escena. El defensor de Beltrán, Augusto Avellaneda, aseguró que su cliente compró la casa con un boleto de compraventa, pero nunca regularizó la situación dominial a través del programa oficial disponible.
El dato más llamativo: en la audiencia se confirmó que Beltrán no tenía solo un terreno, sino dos.
El estallido del caso se aceleró cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió un mensaje anónimo alertando sobre la presencia de los presos en la obra. El funcionario acudió de inmediato al lugar, aunque -según la defensa- realizó el operativo en el terreno equivocado.