El homicidio de Érika Álvarez, hallada sin vida en un descampado de Manantial Sur, dejó al descubierto un entramado complejo que involucra violencia, adicciones, relaciones sentimentales con figuras del narcotráfico y sospechas sobre la colaboración de terceros. La joven de 25 años estudiaba Enfermería y enfrentaba problemas de consumo de drogas, lo que la vinculaba a ciertos círculos donde el consumo y la explotación sexual se cruzaban.

Felipe Sosa es el único imputado

El principal sospechoso, Felipe Sosa, exmilitar con formación en el Colegio Militar de la Nación y la Legión Extranjera francesa, fue detenido y enfrenta acusaciones por homicidio simple. Según su defensor, Marcelo Cosiansi, Sosa no contaba con entrenamiento para matar y sus misiones siempre fueron de paz. Tras retirarse del Ejército, se volcó al rubro de la seguridad, primero en empresas privadas y luego con su propia firma.

A pesar de no tener antecedentes penales, Sosa estuvo involucrado en procesos judiciales previos, incluyendo un caso por cultivo de marihuana medicinal y otro por violencia de género, ambos cerrados de manera polémica. Además, recientemente fue denunciado por amenazas de muerte, hecho que generó medidas de protección a favor del denunciante.

La relación del narcotráfico con el caso 

Érika mantenía vínculos con un hombre identificado como C. F. B., alias "El Mayor", paraguayo y líder de una organización narco que traficaba marihuana por vía aérea. Según allegados, él la ayudaba económicamente y organizaba reuniones en casas donde ella participaba de fiestas con consumo de drogas y sexo grupal. Los investigadores aún analizan si este vínculo pudo haber sido clave en su asesinato o si funcionó como nexo con Sosa.

Las pericias podrían tener resultado en un mes

El fiscal Carlos Picón sostiene que Sosa habría asesinado a Érika entre el 7 y 8 de enero en un domicilio de Yerba Buena, propinándole golpes que afectaron vértebras cervicales, para luego trasladar el cuerpo en una bolsa y arrojarlo en el descampado. La investigación apunta a que podría haber contado con colaboración para ocultar el crimen, y se analiza la participación de familiares y empleados de su empresa de seguridad.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos figuran camionetas, armas, una caja fuerte y dispositivos de almacenamiento. Asimismo, se estudian los celulares de Sosa, de la víctima y de otros involucrados para determinar comunicaciones y contactos relevantes.

Las pericias genéticas sobre el cuerpo de la víctima comenzaron recientemente, y los resultados podrían tardar al menos un mes. La policía y el Ministerio Público insisten en agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la conexión de Sosa con redes de narcotráfico y su entorno laboral y familiar.

Una causa que mantiene alta la tensión social

El caso Álvarez evidencia la complejidad de un crimen donde confluyen adicciones, relaciones peligrosas y presuntos vínculos con el narcotráfico, y promete mantener la atención de la opinión pública. La familia de Érika exige que se investigue hasta el fondo, y la Justicia avanza con múltiples frentes para esclarecer responsabilidades y descubrir si hubo más implicados en este asesinato que conmocionó a Tucumán.