En su columna publicada en La Gaceta, el periodista Indalecio Sánchez describe un escenario inquieto dentro del oficialismo tucumano: conflictos institucionales, rencores personales y peleas abiertas que, lejos de apagarse tras las elecciones, parecen haberse profundizado.

Varios dirigentes coinciden en una misma frase: "Ni antes del 26 hubo tanta interna como ahora". A pesar del amplio triunfo electoral, las tensiones crecieron entre organismos, funcionarios y sectores aliados. Muchos observan estas confrontaciones como espectadores, aunque saben que, en algún momento, podrían verse involucrados.

Uno de los conflictos más visibles es el que enfrenta a la Caja Popular de Ahorros con el Tribunal de Cuentas. Su interventor, José Díaz, habló de "enemistad manifiesta" y vinculó los embates del TC con un sumario iniciado contra un familiar de Miguel Chaibén Terraf, titular del organismo. Según Díaz, desde ese momento se activaron entre 60 y 70 sumarios.

Sánchez subraya que, más allá de las imputaciones o de las defensas técnicas, el trasfondo es otro: las disputas personales pesan más que las responsabilidades institucionales.

Jaldo observa, pero teme tener que intervenir

En otra parte de su análisis, Sánchez apunta a un nombre que aparece detrás de ambas tensiones principales: el diputado Carlos Cisneros. Tanto en el enfrentamiento entre la Caja y el Tribunal de Cuentas como en el conflicto del Caso Vélez, su figura es mencionada en conversaciones dentro de la Legislatura, la Justicia y el propio oficialismo.

El gobernador Osvaldo Jaldo sigue estas peleas desde la distancia. Según relata Indalecio, el mandatario le habría confiado a su entorno que nota cómo varias discusiones se volvieron personales y que no piensa involucrarse. Sin embargo, teme que alguno de estos conflictos escale al plano nacional y lo obligue a pasar de espectador a árbitro.

Si bien Jaldo no generó ni apaciguó estos cruces, una eventual "nacionalización" podría convertirlos en un problema de Estado, considerando que involucran organismos públicos y decisiones que afectan a terceros.

Intendencia, roces políticos y reacomodamientos

El análisis de Sánchez también describe las tensiones políticas en San Miguel de Tucumán. La intendenta Rossana Chahla fue blanco de malestar en un sector del oficialismo provincial y las susceptibilidades quedaron a flor de piel tras las elecciones.

En ese contexto se dieron los cambios en el gabinete municipal: las salidas de Roberto Chustek, Gustavo Toledo y José Chaila. El municipio afirmó que se debieron a objetivos no cumplidos; pero dentro del peronismo capitalino, algunos creen que fueron decisiones con trasfondo político. Chustek, por ejemplo, es un dirigente cercano a Gerónimo Vargas Aignasse, lo que alimentó lecturas de "represalia".

Algo similar ocurrió con nombres asociados al legislador Mario Leito, aunque desde el Ejecutivo municipal insisten en que las modificaciones fueron meramente operativas.

Se espera que en el Boletín Oficial aparezcan nuevos nombramientos y, tal vez, más desplazamientos. Todo sucede en un clima en el que, como describe Sánchez, los movimientos se dan "en las catacumbas del poder", entre gestos, señales y mensajes dirigidos a interlocutores bien específicos... o no tanto.