Durante la semana que pasó, la Argentina dio un viraje pocas veces visto. El reduccionismo pretende instalar la discusión en torno de "izquierdas vs. derecha", pero el maniqueísmo, como toda operación de lógica binaria, depila todos los matices que existen entre los dos polos opuestos.

En su ensayo "Derecha e izquierda", el célebre Norberto Bobbio da cuenta de que la esencia de las diferencias se da en torno de la "igualdad", Mientras las izquierdas porfiarán por políticas tendientes hacia la igualdad (de derechos, de oportunidades, de acceso a los servicios públicos...), la derecha recalcará que la desigualdad es inherente a la humanidad y que el acento debe ser puesto en la libertad. Pero tanto en uno como en otro extremo de la discusión, lo que no está en discusión son las condiciones referidas a las condiciones dignas de existencia. Se viva en mayores o menores condiciones de igualdad, la coincidencia común es que todos los miembros de la sociedad deben tener garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas para vivir en plenitud.

Ese elemento común a los dos extremos ideológicos dejó de estar presente en esa gran caja de resonancia de la política nacional, que es el Congreso de la Nación. Durante la semana que pasó. No hubo una mera discusión en torno de si el rumbo de las políticas públicas "pone el guiñ0o" hacia la derecha o hacia la izquierda. La Argentina, más bien, comenzó a transitar la senda de un país donde el "qué me importa" cómo vivan los demás la regla. Tanto en el Senado como en Diputados. Lo más perverso de este periplo ruinoso es que comenzó a desandarse, en una y otra Cámara, de la mano de sendas necesidades: el cambio del régimen penal para menores de edad y la reforma laboral.

La baja de edad de imputabilidad de los delitos es una dolorosa necesidad. Representa, en una punto, el reconocimiento del fracaso de la sociedad respecto de la niñez. Una sociedad sólo es tal en la medida que cuenta con bienes que asocian a sus miembros. Que niños de 14 años cometan crímenes aberrantes es un quiebre social incontrastable. Al lado de esta quemante cuestión moral hay un correlato de realidad: las víctimas de los menores de edad. Tucumán ha sido noticia nacional, el mes masado, con el asesinato, brutal y canalla, perpetrado en Alderetes contra Joaquín Rodrigo Ibarra. Lo asaltaron dos adolescentes de 16 y de 17 años y aunque él entregó todas sus pertenencias sin oponer resistencia, igualmente lo ultimaron con un disparo en la cabeza.

Ni estos crímenes pueden seguir cometiéndose impunemente ni puede seguir alegándose que un adolescente es incapaz de discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, frente a la necesidad de legislar, el Estado sigue sin hacerse cargo de la responsabilidades correlativas. Si el Senado convierte en ley el proyecto al que Diputados dio media sanción, el 7% de la población argentina será imputable de delitos. Sin embargo, no se sabe dónde serán alojados los menores de edad que sean hallados culpables. Y así como no se crearon nuevos centros de detención, tampoco se crearon nuevas fiscalías ni juzgados en los poderes judiciales para atender este nuevo paradigma penal.

Con la "modernización laboral", como el Gobierno ha llamado a la reforma, ocurre otro tanto. La pandemia de coronavirus vino a actualizar, de una vez, la manera radical en que ha cambiado el mundo del trabajo de la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El teletrabajo sólo una manifestación de las nuevas formas de producción.

Pero la media sanción lograda por el oficialismo en la Cámara Alta no buscó dar nuevos derechos frente a las nuevas realidades. Por el contrario, 42 senadores que ganan entre 7.000 y 8.000 dólares por mes (según aceptaran o no el aumento del año pasado) votaron por la amputación de derechos de millones de argentinos que, en promedio, ganan 800.000 pesos (560 dólares) por mes. El proyecto al que le dieron media sanción afecta el derecho de protesta de los trabajadores (pero no la caja recaudatoria de la "casta" sindical); la garantía de enfermarse y seguir cobrando sus salarios; y el cálculo indemnizatorio por despido y el plazo de pago, entre otras dimensiones.

Como si no bastase, esas indemnizaciones se costearán con un Fondo de Asistencia Laboral, al que cada trabajador aportará un porcentaje de su sueldo, que se compensará de los descuentos sociales. Es decir, los jubilados, que luego de 30 años de trabajo y aportes deben elegir entre comprar su medicación o comprar alimentos, financiarán a las grandes empresas para que despidan personal.

Eso no es una nación virando a izquierda o derecha, sino una sociedad caminando hacia el país del "no me importa". En la izquierda o en la derecha hay una ética, compartida por unos u otros. En la Argentina que comenzó a prefigurarse esta semana no hay tal cosa. Porque la ética es "el otro". Y aquí, "el otro", ha dejado de importar.