La Justicia federal descubrió que Jorge V., un empresario de 55 años oriundo de Tierra del Fuego, llegó a ganar USD 15.238 por día durante casi cuatro años a través de movimientos con criptomonedas. Detrás de esas cifras se escondía una maniobra millonaria de contrabando de bronce, cobre y materiales ferrosos, que eran enviados a Perú para su reventa en Estados Unidos, Europa y China.

Jorge V. está entre los nueve empresarios detenidos por la causa que investiga el Fiscal Federal Fernando Domínguez, de San Isidro. Según los registros de la Unidad Analítica Digital de la Policía Federal Argentina (PFA), utilizaba una cuenta en Binance para recibir y transferir dinero proveniente de la actividad ilegal.

Entre abril de 2021 y marzo de 2025, el acusado realizó 413 depósitos en USDT (una criptomoneda estable) por más de USD 21,8 millones, y 425 retiros equivalentes a USD 21,6 millones. Durante los allanamientos en su domicilio, en el barrio porteño de Flores, los agentes incautaron 44.090 USDT, además de tres autos: un Citroën C3, un Ford Mondeo y un Audi A3.

Funcionarios y fuerzas de seguridad bajo la lupa

La causa también involucra a funcionarios públicos y agentes de seguridad, acusados de recibir sobornos o mirar hacia otro lado para facilitar la salida de los cargamentos por la frontera. "A uno de ellos le transfirieron dinero directamente a su billetera virtual", revelaron fuentes judiciales.

En uno de los domicilios allanados, otro de los implicados ofreció a los funcionarios "lo que quisieran" de una pila de USD 4 millones en efectivo para evitar ser detenido, pero fue igualmente imputado por cohecho.

Los investigadores definieron la maniobra como un "saqueo industrial": toneladas de metales críticos eran contrabandeadas y su venta en el exterior generaba millones que luego se inyectaban en el mercado negro a través de financieras y criptomonedas.

El origen: la "Operación Comando Crypto"

El caso se desprende de la llamada "Operación Comando Crypto", iniciada en 2023, que expuso una red de lavado de dinero y contrabando vinculada al Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal con base en Brasil.

A partir de las declaraciones de un imputado colaborador, se logró identificar a este grupo de empresarios argentinos dedicados al contrabando sistemático de materiales ferrosos, con apoyo logístico y encubrimiento de sectores del Estado.