Josefina Bidegorry, presidenta de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, expresó su profunda preocupación por la situación crítica que vive el sector. En diálogo con Enterate Play 90.5, advirtió que las instituciones están al borde del colapso económico debido al atraso del nomenclador nacional -el sistema que establece los honorarios para las prestaciones- y la falta de actualización en los pagos por parte de las obras sociales.

"Estamos con un desfasaje del 73% entre lo que cuestan los tratamientos y lo que efectivamente cobramos. Estamos haciendo magia para sostenernos", afirmó. Además, indicó que las demoras en los pagos llegan hasta los seis meses, lo que pone en jaque la continuidad de servicios esenciales como la estimulación temprana, la formación laboral y el acompañamiento escolar.

A pesar de la crítica situación, Bidegorry remarcó que ninguna institución ha suspendido la atención: "No podemos abandonar a las personas con discapacidad, aunque sentimos un abandono total del Gobierno nacional".

Sin diálogo con Nación y apoyo limitado desde Tucumán

La dirigente apuntó directamente al Gobierno nacional por la falta de diálogo y la indiferencia frente a los reclamos del sector. "Este es un gobierno que nos ha cerrado todas las puertas. Cada vez que hicimos una manifestación, la respuesta fue aún más negativa. Las personas con discapacidad no pueden esperar a que el Estado decida si tiene o no presupuesto", señaló con firmeza.

En cuanto al panorama legislativo, Bidegorry destacó el proyecto de ley impulsado por el diputado Daniel Arroyo para declarar la emergencia del sector. La iniciativa ya fue aprobada por tres comisiones y está lista para ser tratada en el recinto. "Esperamos que salga, pero sabemos que hay sectores que la están atacando por cuestiones políticas y mediáticas. Dicen que es un gasto impagable, y no es así", explicó.

A nivel provincial, confirmó que sí hay diálogo con el Gobierno de Tucumán. "Nos reunimos para pedir una declaración de emergencia provincial y algún alivio impositivo. Pagamos una alícuota altísima de ingresos brutos y eso también nos afecta", detalló.

"No somos un gasto, somos una necesidad"

Para cerrar, Bidegorry subrayó la necesidad de cambiar la mirada estatal sobre la discapacidad: "No somos un gasto, somos un derecho. Hay niños, jóvenes y adultos que dependen de estos tratamientos todos los días. Necesitamos respuestas urgentes".