El sistema las prefiere calladas o muertas
En el día donde se celebra el Día de lxs trabajadores, una reflexión testimonial, estadística y demoledora sobre el derrotero de quienes se animan a denunciar y el daño económico que padecen.
Existe un derrotero invisibilizado y paralelo a partir del punto bisagra que atraviesa una persona víctima de violencia machista: la pérdida irreversible e irreparable de oportunidades laborales y capital económico.
La justicia, que en la mayoría de los casos, actúa bajo los lineamientos del patriarcado puro y duro, agranda el daño centrándose en la revictimización y en el desgaste por goteo de la capacidad de trabajo de quienes denuncian.
Fátima Aparicio, salteña, víctima de intento de femicidio, estuvo 6 meses en coma. El femicida es el progenitor de sus hijos. Hoy no tiene dinero para comer. ¿Cómo recuperar de los escombros a las mujeres, niñeces y adolescencias arrasadas por abusos y golpes de puño?
Hoy, el gobierno se empecina en demonizar a los feminismos y desestimar las agresiones a mujeres, lesbianas, trans y travestis solo por el mero hecho de serlo. Hoy, el gobierno, niega la violencia machista y pone en duda, con un cinismo vomitivo, la palabra de las víctimas de violación con sus intentonas legislativas en nombre del ya probado falso SAP.
"Cuando denuncié perdí mi trabajo y hoy no puedo ni trabajar ni estudiar". dice M a este suplemento. Es madre de una niña y apenas puede sostenerse. Fue víctima de violación por parte de Brian Cufré y Fabricio Alvarenga, aquí en CABA. Aún con esa conclusión demoledora, el tribunal de la sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, integrado por Pociello Argerich, Magdalena Laiño y Guillermo Lucero, sigue los pasos de la jueza del Juzgado número 6, Alejandra Provítola, rechazando a la víctima el pedido de apelación para reveer el sobreseimiento de los futbolistas.
"No sé cómo se sigue. Estoy perdida", dice a Las12.
Nadie desea enfrentarse con el poder político, económico y judicial que ostentan quienes desgarran los cuerpos de las infancias con total impunidad.
Carolina Monteros fue violada en pluralidad por dos empresarios. Franco Trapani y Alvaro Rodriguez fueron condenados a 8 años de prisión pero están libres. El Ministro público fiscal sugiere sobreseimiento a fuerza de billetera. Carolina jamás pudo volver a trabajar o estudiar. Regresó a vivir con sus padres porque temen que atente contra su vida. "Si a mí me pasa algo, si decido terminar con mi vida, hago responsables a mis violadores y a Edmundo Jimenez, jefe de fiscales.
Luli es periodista deportiva. En el momento que denunció violación en pluralidad por Sebastián Sosa, Florentín Bobadilla, Abiel Osorio y Brian Cufré (denunciado por M también), la echaron de su trabajo en los medios. Jamás volvió a estar frente a un micrófono comentando partidos de fútbol. Le arrancaron la pasión, sus sueños y su ingreso a través del periodismo.
La lista y las historias son interminables.
Las madres protectoras padecemos en primera persona el empobrecimiento brutal a partir de la denuncia. Día a día juntamos los pedacitos de nuestros hijos abusados y hacemos malabares entre terapias y changas. La tarea de cuidados se hace más cuesta arriba pero a la vez más necesaria. ¿Cómo se deja en silencio y a solas a una niña víctima de violencia sexual por parte de su progenitor?
La figura paterna se borra del mapa con la responsabilidad alimentaria y la posible reparación que queda en manos de la misma justicia que hace lo posible y más por archivar las causas.
El proceso judicial del que con tanta liviandad hablan, lleva en promedio 7 años agotando todas las instancias. Siete años de tribunal en tribunal, de terapia en terapia, de trabajo en trabajo. Para después tener que iniciar un nuevo camino en el laberinto contiguo: el juzgado de familia para pelear por la cuota alimentaria de quien rompió la vida de un hijo/a.
La feminización de la pobreza no es novedad. El 59% de las mujeres son pobres hoy en Argentina.
El 60% de las familias monomarentales no recibe cuota alimentaria o la misma es insuficiente.
Las mujeres que deciden atravesar un proceso judicial para proteger a sus hijes de su abusador, pierden al menos un 28% de tiempo que antes era dedicado a su trabajo.
Una de cada tres madres protectoras está medicada por trastornos de ansiedad o depresión.
El 79% de las denunciantes por abuso sexual tuvieron que tomar licencia en el mejor de los casos y dejaron de trabajar.
Hoy en Argentina golpear una puerta de cualquiera de los poderes del estado es entrar a la boca del lobo.