El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán minimizó la emergencia por las vacantes judiciales

Mientras el Gobierno provincial sostiene el congelamiento en el nombramiento de magistrados por razones fiscales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, aseguró que el Poder Judicial está operando con normalidad, a pesar de las más de 70 vacantes sin cubrir.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, sorprendió al minimizar la situación de emergencia que atraviesa el Poder Judicial provincial por la falta de cobertura de más de 70 despachos vacantes desde hace más de un año.

"Estamos funcionando, porque contamos con herramientas que nos permiten trabajar con mayor agilidad y sin resignar calidad", afirmó el magistrado en declaraciones a Tendencia de Noticias.

Leiva explicó que, si bien existen vacantes en distintas áreas -como el fuero de Familia, la Cámara de Familia y el fuero Civil y Comercial en Concepción-, en la mayoría de los casos ya se han enviado las ternas correspondientes al Poder Ejecutivo. No obstante, aclaró: "La verdad es que no estamos con mayores complicaciones a partir de eso".

Actualmente, hay 50 ternas esperando en el cajón de algún despacho de la Casa de Gobierno y un total 14 concursos en trámite, según datos actualizados al 11 de junio y que están publicados en la página web del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). De esos concursos, 8 corresponden al Centro Judicial Capital, 4 a Concepción y Monteros, y 2 al Centro Judicial del Este.

"Los números en rojo son mínimos"

En sus declaraciones, Leiva puso el foco en la capacidad operativa del Poder Judicial pese a las vacantes. "Desde 2020 tenemos la posibilidad de medir con precisión el flujo de trabajo de cada magistrado y cómo están respondiendo. Nos sorprende gratamente la respuesta tanto de los jueces como de los funcionarios y empleados judiciales", argumentó.

El magistrado destacó que el sistema judicial viene atravesando un proceso de transformación "a partir de un cambio de paradigma", y que las demoras actuales "son mínimas". En ese contexto, expresó su deseo de que los jueces sean finalmente designados, aunque insistió en que el servicio de justicia no está comprometido.


El freno fiscal de Jaldo

Las declaraciones de Leiva se producen tras la postura pública asumida por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien se mantiene firme en su decisión de no avanzar con nombramientos masivos de jueces, en línea con su política de equilibrio fiscal.

"Estamos conversando con la Corte y con los ministerios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Sí, puede haber vacantes, pero hay que analizar cuáles son indispensables de cubrir. No se trata solo de nombrar jueces: hay que crear toda la estructura que los acompaña, y eso requiere recursos", sostuvo hace algunas semanas el primer mandatario al ser consultado sobre el tema durante la apertura del Primer Congreso de Inteligencia Artificial en la Justicia.

Jaldo también apuntó a la diferencia entre el Centro Judicial Capital y el interior provincial, y anticipó que solo se harán excepciones "en casos puntuales como el fuero de Familia, por la sensibilidad social". Afirmó tajantemente: "Este gobernador no va a firmar la designación de un juez que no se justifique para dar una mejor atención a los ciudadanos".

Vacantes en suspenso

Mientras tanto, las más de 70 vacantes en el Poder Judicial continúan sin respuesta por parte del Ejecutivo. En tanto, las ternas, enviadas por el CAM hace más de un año, siguen sin resolución, en un escenario donde el Ejecutivo exige a la Justicia que "se esfuerce" del mismo modo que lo hace el resto de la administración.

Para justificar su negativa de avanzar con una designación masiva de jueces, Jaldo remarcó que el propio Poder Ejecutivo cuenta con más de 6.000 vacantes sin cubrir, producto de jubilaciones y retiros voluntarios. "No podemos hacer nombramientos por el solo hecho de que haya vacantes, sino que deben responder a la necesidad concreta del servicio", argumentó.

La pulseada entre los poderes del Estado continúa, pero por ahora, el mensaje oficial es claro: sin priorización técnica y justificación presupuestaria, no habrá nuevos jueces en Tucumán.

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