La comercialización de hoja de coca en Tucumán volvió a quedar en el centro del debate judicial y político. Se trata de un mercado ilegal en expansión, socialmente aceptado, que mueve millones de pesos al año y expone una contradicción normativa: en la Argentina se puede consumir, pero no producir, ingresar, transportar ni vender.

Un mercado ilegal en plena expansión

Durante 2025, la Policía de Tucumán secuestró 16.125 kilos de hoja de coca, una cifra que grafica la magnitud del negocio y su crecimiento sostenido. A pesar de eso, no existe un registro oficial de cuántos comercios venden el producto, aunque se estima que son cientos entre quioscos, drugstores y estaciones de servicio.

Las investigaciones lograron establecer que al menos cinco proveedores mayoristas operan desde la provincia, abasteciendo a una extensa red minorista que funciona sin regulación ni controles sistemáticos.

De la venta clandestina a la exhibición abierta

Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas, su titular, el comisario Jorge Nacusse, advirtió un cambio clave en la modalidad de comercialización.
"Antes se hacía casi en secreto. Hoy se vende sin disimulo: se exhibe en los locales y se ofrece por redes sociales", explicó.

En la misma línea, el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho, fue contundente:
"Mientras la ley siga vigente, toda hoja de coca en tránsito es contrabando. El año pasado los secuestros crecieron más del 300%".

El rol del Estado y los controles que no alcanzan

Funcionarios de la Justicia Federal y de Aduanas coinciden en que el principal problema es la ausencia de una ley que regule el circuito. Hasta que eso ocurra, la responsabilidad recae casi exclusivamente en las fuerzas de seguridad, algo que reconocen como insuficiente.

"Podemos frenar cargamentos en las rutas, pero si no hay controles municipales, la lucha pierde sentido", admitió Ferreyra. Desde los municipios, en tanto, reconocen falencias: desconocimiento de la prohibición, habilitaciones sin control de mercadería y hasta inspectores que también son consumidores.

Precios dispares y cifras millonarias

La falta de regulación genera una enorme dispersión de precios en el Gran San Miguel de Tucumán:

Bolsa de 20 gramos: entre $1.500 y $2.500

Bolsa de 40 gramos: entre $2.000 y $4.000

Bolsa de 250 gramos: entre $18.000 y $28.000

Con esos valores, la mercadería secuestrada en 2025 podría haber generado entre $1.200 y $1.600 millones en el mercado local. En contraste, en Bolivia -donde la hoja es legal- esos mismos 16.125 kilos se cotizarían en torno a $225 millones.

Comerciantes y consumidores, en veredas opuestas

Algunos comerciantes admiten la ilegalidad, pero reclaman una solución de fondo.
"No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Es preferible regularizar el mercado", sostuvo Juan Pedraza, dueño de un quiosco.

Otros relativizan la rentabilidad. "No deja grandes márgenes, es un producto más para subsistir", afirmó Luis Arrabal, de Tafí Viejo.
Los consumidores no coinciden: "¿Cómo no va a ser negocio si no pagan impuestos? Si estuviera regulado, ahí se vería la ganancia real", replicó Luciano Estévez.

Una ley desfasada frente a una realidad instalada

Mientras el coqueo gana aceptación cultural y el negocio sigue creciendo, la Justicia continúa aplicando una norma que, según coinciden todos los actores, ya no refleja la realidad actual. El resultado es un mercado ilegal consolidado, tolerado socialmente y cada vez más difícil de controlar.